La capital se alista para una ‘movilización pacífica’ de organizaciones indígenas y sociales este domingo; el Plan de Defensa de Quito se encuentra activado

Si bien las protestas como parte del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), inicialmente para rechazar la eliminación del subsidio al diésel, a nivel nacional han bajado por el feriado decretado por el Gobierno central, este domingo, 12 de octubre, vuelven las acciones de movilización y en Quito se convoca a la Gran Marcha Pacífica de Vida y Resistencia.

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En estos cuatro días de feriado, los bloqueos viales de mayores proporciones se siguen manteniendo en diversas localidades de la provincia de Imbabura; mientras que las protestas que han terminado con enfrentamientos entre pobladores de comunidades y personal policial y militar se han centrado en San Miguel del Común, localizada en la entrada norte a la capital ecuatoriana.

La convocatoria para las 10:00 de este domingo en el redondel de la Villaflora, sur de la ciudad, viene dada desde la Coordinadora de Organizaciones de los Pueblos Indígenas de Quito (COIQ), así como también desde el Colectivo Warmikuna y organizaciones feministas, estudiantes, trabajadores, comerciantes, artistas, artesanos y agremiaciones barriales. El objetivo de la marcha es llegar al parque El Arbolito, en el norte de la urbe.

Se aclara en la invitación que llega en el marco del paro nacional que entra en su cuarta semana para no solo rechazar el retiro del subsidio al diésel, sino rechazar la represión hecha por el Gobierno de Daniel Noboa a manifestantes en diversas provincias del país, exigir la liberación de todos los detenidos durante las jornadas de paro, así como el cumplimiento de 533 años de la llegada europea a América.

Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), afirma que todas las filiales de su central harán parte de la marcha pacífica para no solo seguir rechazando las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Daniel Noboa, sino protestar por el “ataque inmisericorde” que las fuerzas del orden están haciendo contra las comunidades, como San Miguel del Común.

“En vez de estar policías y militares resguardando a la ciudadanía de la delincuencia, se moviliza a todas las tropas a Quito, incendiando y realmente mediatizando el tema de que los indígenas son nuestros enemigos. Esa es una incitación al odio desde el Gobierno. (...) Los problemas que vive el país se resuelven de otra manera, y lo que sucede y se ve es la incapacidad de diálogo desde el Gobierno. Vamos a apoyar todas estas movilizaciones como lo hemos venido haciendo, hasta que el presidente cambie de actitud. Ojalá se escuche al pueblo y se vea que hay una necesidad de dialogar para poder salir de estos conflictos”, anotó Bedoya.

Entre el jueves y viernes últimos, como parte del Plan de Defensa de Quito, para resguardar a la ciudad durante el feriado y ante la amenaza de movilizaciones y una toma de la capital de sectores indígenas y campesinos, cerca de 5.000 soldados y más de 1.000 policías han sido desplegados a lo largo de capital ecuatoriana.

El plan se enfoca en el resguardo de los 127 bienes que hacen parte de la infraestructura de alto riesgo. Plantas de agua y saneamiento, poliductos, hospitales, el sistema de transporte que incluye el metro de Quito, estaciones eléctricas de comunicación, universidades y entidades estatales hacen parte de estos bienes con atención prioritaria.

Ha sido evidente la presencia de grupos conjuntos de policías y militares, acompañados de vehículos tácticos en las diversas vías, en especial en las de ingreso a la ciudad. También se han colocado piquetes de seguridad en plazas del centro histórico de Quito, como las de Santo Domingo y San Francisco, y se ven uniformados recorriendo las estaciones del metro.

Pese a que hay personas, como el líder del FUT, que creen que esa acción es una provocación a la ciudadanía, también hay habitantes del centro de Quito, como Alexis Carrera, que ven con buenos ojos que se resguarde Quito frente a actos violentos. “Ya lo vivimos en 2019 y 2022. Violentos llegaron a Quito a destruir y cerrar negocios. Nadie pagó esos daños y fueron los quiteños los que vivieron el miedo y asumieron los gastos”, recordó Carrera.

Respecto al accionar adoptado por el Gobierno para frenar las movilizaciones, el exjuez de la Corte Constitucional (CC) Ramiro Ávila, quien hizo parte de una de las marchas que se han realizado en estos últimos días en Quito, cree que se está usando la peor receta para incentivar la movilización; es decir, ve equivocado que se dicten estados de excepción, se reprima al pueblo, no se siente a negociar, se estigmatice a quienes protestan y se asocie a la gente que protesta con el terrorismo.

“Lo que me parece que está haciendo el Gobierno es incentivando la protesta. (...) Me da la impresión de que es un paro diferente, que es un paro descentralizado, y me da la impresión de que va a seguirse incrementando. Es que, aun si es que se replegara el paro, me parece que, cuando se eliminen los subsidios y las compensaciones a los transportistas, eso va a pasar en seis meses o en ocho meses, el conflicto va a perdurar. Entonces, me parece que este sí es diferente a los otros paros, pero me parece que las demandas siguen siendo las mismas”, indicó Ávila.

Mediante un comunicado, este sábado, 11 de octubre, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) recordó que está prohibido utilizar unidades vehiculares habilitadas para el servicio regular de transporte con fines distintos a los autorizados. El llamado se hizo ante una posible movilización de indígenas y campesinos hacia Quito y otras ciudades para unirse a manifestaciones convocadas por distintas organizaciones sociales.

La institución responsable de la planificación, control y regulación técnica del transporte terrestre indicó que, con el fin de prevenir inconvenientes y evitar sanciones administrativas, se solicitaba a todas las operadoras no facilitar ni poner a disposición sus unidades para el traslado de personas que participen en dichas movilizaciones. Adujo que, de evidenciarse colaboración o apoyo logístico, se aplicarán sanciones severas conforme a la normativa vigente y al régimen sancionatorio previsto en la citada ley. La ANT exhortó a compartir el comunicado con todos los socios, administradores y conductores con el propósito de proteger los contratos de operación, mantener la legalidad del servicio y preservar la seguridad operacional dentro del marco regulatorio establecido.

En estos últimos días, en Cayambe, cantón ubicado en el norte de la provincia de Pichincha y colindante con la provincia de Imbabura, en donde más bloqueos se han definido en estas semanas, varios sectores se han reunido para analizar lo que ha significado el bloqueo de vías, las pérdidas que se han provocado y las alternativas que existen para generar un diálogo que dé resultados.

Fernando Farinango, dirigente indígena de la localidad de Cangahua, explica que existe la resolución de las bases de convocar a una marcha masiva que reúna a todas las organizaciones sociales del país y que tenga como destino Quito, para así demostrar la unidad del movimiento y el respeto al derecho a protestar.

Para que esto ocurra, explica Farinango, lo que debe existir es el consenso de las bases que estructuran a la Conaie para así decidir si es factible una movilización de este tipo o es mejor seguir luchando en los territorios, las comunidades.

Edwin Bedoya no entiende cómo el Gobierno se permite decir que no permitirá el ingreso de indígenas para que se tomen Quito, si en la capital habitan indígenas de pueblos como el Kitu Kara y de pueblos que son filiales de otras organizaciones indígenas. “No sé cómo van a impedirlo. Parece que ya estamos en una dictadura, y el pueblo ecuatoriano no lo va a permitir y el FUT tampoco. Vamos a salir en movilizaciones. Estamos con el movimiento indígena, con los trabajadores, con los estudiantes y con la ciudadanía que se está movilizando todos los días en protesta de este Gobierno”. (I)