La Ley de Integridad Pública aprobada la noche de este martes, 24 de junio del 2025, da vía libre para que el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) pueda declarar en emergencia a la Función Judicial y, en ese contexto, evaluar, remover y seleccionar jueces y fiscales con un procedimiento “expedito”. Algo que es cuestionado por juristas consultados por EL UNIVERSO.