José Julio Neira: ‘El 70 % de los casos de lavado de activos está vinculado a estructuras del crimen organizado y cerca del 30 % a personas políticamente expuestas’

José Julio Neira es uno de los hombres de mayor confianza del presidente Daniel Noboa y, como tal, se le han encargado múltiples funciones en el Gobierno nacional. Es secretario de Integridad Pública, director general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y delegado del presidente de la República ante varias agencias de control, como la de Minería (Arcom), la de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), o la de Regulación y Control de Electricidad (Arconel). La lista es larga, en total suma doce cargos y delegaciones.Neira es licenciado en Asuntos Internacionales por la Universidad Rollins de Estados Unidos, experto en crímenes financieros, control de calidad, riesgo y gestión de proyectos; y su experiencia laboral antes del ingreso a lo público corresponde a la industria de servicios financieros, gestionando riesgos, cumplimientos y auditorías.Hace pocos días, durante la visita oficial del príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos, se firmaron un acuerdo comercial y tres instrumentos de cooperación en materia de inversiones, seguridad fronteriza y lucha contra la corrupción. Este último está directamente relacionado con la gestión de Neira. ¿Qué gestión previa realizó para llegar a la firma del Memorando de Entendimiento sobre la lucha contra la corrupción?, ¿de qué se trata y cuáles son los beneficios directos para el Ecuador? La firma del Memorando de Entendimiento entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos fortalece el combate a la corrupción, la integridad pública, la transparencia y la modernización institucional. El primer momento clave se dio el 30 de abril de 2025, en un encuentro bilateral del más alto nivel en Abu Dabi. En esta reunión conocimos de primera mano las experiencias, enfoques y herramientas que los Emiratos Árabes han desarrollado en esta materia. El proceso avanzó en febrero de 2026, en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos realizada en Dubái, con la firma del Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Integridad y su par de los Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de intercambiar estrategias, herramientas tecnológicas, experiencias y buenas prácticas, y desarrollar espacios de cooperación técnica. Uno de los aspectos más relevantes de este Memorando es que permitirá mejorar la forma en que el Estado gestiona las alertas relacionadas con posibles actos de corrupción y fortalecer los mecanismos de prevención y protección al denunciante, a través de la incorporación de innovación y tecnología, la adopción y adaptación de modelos que ya operan con altos estándares internacionales. Además, esta cooperación tiene una característica muy relevante: a la vez que no genera costos para el país, posiciona al Ecuador como un socio confiable en la agenda global de integridad. La lucha contra la corrupción suele enfrentar resistencias políticas y económicas. ¿Ha sentido presiones o intentos de frenar investigaciones? El objetivo de los criminales es que los ecuatorianos sintamos miedo, entonces no les doy el gusto, porque cuando la ley nos ampara son ellos quienes deben sentir que el Estado los tiene acorralados, que la ley los somete. Y si bien el cargo representa un riesgo, no hay mejor almohada que la consciencia tranquila ni mejor incentivo que la tranquilidad de las familias ecuatorianas. Por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, que hoy guarda prisión en la cárcel de Latacunga, ha señalado al Gobierno de Daniel Noboa de persecución política. En su momento lo denunció a usted por actos de odio. ¿Qué hay detrás de estas acusaciones? Es fácil desmontar la “vieja confiable” de la persecución política con solo revisar un calendario: los delitos que la Fiscalía le ha imputado a Aquiles Alvarez son anteriores a que postule siquiera a alcalde, entonces esa narrativa no tiene cabida, deberá demostrarse en las cortes, no con insultos en las redes sociales. Recordemos que estamos hablando de un perjuicio al país de 94 millones de dólares en contrabando de combustible solo en el caso Triple A, en el que este personaje utilizaba sus empresas para desviar combustible subsidiado al sector industrial. ¿A dónde fue a parar la gasolina de los ecuatorianos? Y con el paso de los días se descubren más cosas, aparecen más denuncias; recién vi algo sobre su cédula en el Registro Civil, por ahí hay otro delito de fraude procesal para poder ser presidente de un club deportivo o un título de bachiller sin respaldo; y todas provienen de denuncias ciudadanas, porque los ecuatorianos estamos cansados de que las autoridades no actúen con integridad. ¿La UAFE es acusadora particular en el caso Goleada? ¿Qué detalles nos puede comentar que ayuden a entender cómo habría sido la operación para presuntamente lavar activos? Es importante precisar que la UAFE no es acusadora particular en el caso Goleada, porque no es un delito de lavado de activos, sino de delincuencia organizada. Sin embargo, dentro de nuestras atribuciones legales está generar informes técnicos debidamente motivados para atender los requerimientos de información de la Fiscalía, lo que permite aportar con inteligencia financiera a las investigaciones penales. En ese marco, la inteligencia financiera generada por la UAFE sí contribuyó a la investigación del caso Goleada, que actualmente se encuentra dentro de un proceso penal en curso. Nuestro rol es técnico y estratégico: analizar información financiera para seguir la ruta del dinero e identificar posibles mecanismos utilizados para ocultar o movilizar recursos de origen ilícito, porque la titularidad de la acción penal pública la ejerce la Fiscalía. ¿Nos puede comentar algo acerca de los procesos que están paralizados en el Sercop? De acuerdo con el Municipio de Guayaquil, esto pasa porque usted odia a Guayaquil. ¡Vaya disparate!, nací, crecí y amo a mi ciudad como todos los guayaquileños, por eso cuido sus recursos, para que sean utilizados en obras útiles para todos, para que Guayaquil sea más habitable. Por eso, ahora que hay una nueva administración en mi ciudad, les invito a hacer un uso planificado y responsable del dinero de los guayaquileños, para que las contrataciones no se caigan. Desde el Sercop controlamos que los procesos de contratación sean rigurosos y transparentes, no solo los del Municipio de Guayaquil, sino de todos los gobiernos autónomos y del resto de entidades públicas, porque cuando los recursos se utilizan de manera responsable llegan a quienes más los necesitan y no se quedan solo entre los panas. El Sercop desarrolla inspecciones a escala nacional, para verificar que los contratistas cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Nuestro objetivo es claro: que cada proceso de contratación pública se realice con transparencia y en estricto cumplimiento de la normativa; iniciamos con el catálogo de seguridad privada y continuaremos con proveedores de limpieza en hospitales, como parte de la estrategia de control. En su experiencia, ¿la corrupción en Ecuador es más un problema de personas o de estructuras institucionales que han facilitado delitos? Las instituciones y las estructuras institucionales que facilitan los delitos están conformadas por personas, es por eso que resulta tan importante el trabajo que venimos haciendo desde la Secretaría General de Integridad Pública y el gobierno del presidente Daniel Noboa, porque estamos convencidos de que recuperar la cultura de integridad en el Ecuador es la única forma de devolverle la institucionalidad al país. Luchar contra la corrupción es una responsabilidad de todos; desde los organismos de regulación hacemos nuestro trabajo, creando ecosistemas con normas y herramientas tecnológicas que permitan mejorar controles, pero los demás actores sociales deben hacer nuestra parte: los empresarios, los comerciantes, los servidores públicos, los gestores de opinión y los ciudadanos, todos debemos cumplir. Si hoy tuviera que decirles a los ecuatorianos una verdad incómoda sobre la corrupción en el país, ¿cuál sería? La corrupción es un callejón sin salida y la integridad es la clave del desarrollo. En la Secretaría de Integridad Pública recibimos permanentemente alertas de la ciudadanía sobre presuntos actos de corrupción, algunos dan cuenta de delitos, digamos, sencillos, y otros de delitos complejos, por ejemplo, entramados de lavado de activos de altos funcionarios y autoridades que tendrían vínculos con la delincuencia organizada, todos sabemos de qué colores son. Pronto tendremos más detalles, pero de momento no puedo adelantar más información. ¿Quiénes son hoy los principales beneficiarios del lavado de activos en Ecuador: el crimen organizado, los políticos o los empresarios que miran hacia otro lado? ¿Qué tan cerca ha estado el Ecuador de convertirse en un país donde el lavado de dinero controle sectores enteros de la economía? Estamos construyendo institucionalidad. Pasamos de un sistema débil, fragmentado, discrecional y con poca interoperabilidad, que dejaba enormes espacios para que las economías ilícitas se infiltraran en la economía, a un sistema de inteligencia financiera real. Las cifras son claras: aproximadamente el 70 % de los casos está vinculado a estructuras del crimen organizado y cerca del 30 % a personas políticamente expuestas, lo que demuestra que el lavado de activos no es solo un problema financiero, sino también un riesgo directo para la institucionalidad y la democracia. Hoy la UAFE cruza información con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el SNAI, entre otras instituciones del Estado, y participa activamente en espacios estratégicos como el Bloque de Seguridad y el Conim; además, ha fortalecido su capacidad de inteligencia financiera, lo que ya se refleja en resultados concretos: históricamente se reportaban entre 500 y 600 millones de dólares en operaciones sospechosas a la Fiscalía; hoy esa cifra se ha duplicado y solo en el último periodo se detectaron más de 1.577 millones de dólares. A esto se suma la creación del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclaft), una instancia de articulación estratégica del Estado que integra a 22 instituciones y coordina la implementación del Plan Nacional de Acción Estratégica 2026-2030. ¿Cómo le gustaría que su gestión sea recordada? La visión y la consigna del presidente Daniel Noboa es clara: trabajar día a día para construir un horizonte de bienestar para todos los ecuatorianos, con seguridad y oportunidades, con libertad e inversiones, y también con integridad, que es la base de cualquier sociedad que espera prosperar. Y eso, más que una promesa, es un compromiso que se está volviendo realidad, es una transformación que está sucediendo. Espero que, cuando la gente recuerde nuestra gestión, piense en integridad, en eficiencia, y lo haga desde un Ecuador con instituciones sólidas y libre de mafias. (I)

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