Para el año 2025, la Asamblea Nacional tendría que tramitar al menos una docena de solicitudes de juicios políticos contra ministros, exsecretarios de Estado, una consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en el marco de su labor de fiscalización y control político.