Hasta el mediodía de este 23 de septiembre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no convocaba a sesión para conocer y resolver sobre la reactivación del trámite del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, acusada por supuesto incumplimiento de funciones.
La mesa de fiscalización presidida por la legisladora Pamela Aguirre (RC) tiene previsto resolver en esta semana el reinicio del juicio contra Palencia que fue suspendido tras la acción de protección concedida por el juez édgar Romero, que dispuso que se vuelva a revisar el cumplimiento de requisitos de tres pedidos de juicio político planteados en contra de exministros del gobierno de Guillermo Lasso.
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Esa decisión judicial llevó a la Comisión de Fiscalización a suspender el trámite del proceso contra Palencia, que se encontraba en etapa de prueba; es decir, dentro del plazo de quince días para presentar su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes.
Juicio político a ministra del Interior, Mónica Palencia, se reactivará la próxima semana
Lo mismo deben realizar los asambleístas que solicitan la interpelación, a fin de sustentar sus afirmaciones y acusaciones. Con la contestación de la funcionaria se establecerá el plazo de diez días adicionales para la actuación de las pruebas.
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Acusaciones
Las acusaciones planteadas por los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas tienen relación con los hechos registrados en la Embajada de México en Quito en abril pasado, cuando un grupo de policías del “bloque de seguridad” ingresó a la embajada con el objetivo de detener al exvicepresidente Jorge Glas, por incumplir de la medida cautelar de presentación periódica y otra por la orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí.
En la acusación se señala que la funcionaria no solo ha incurrido en el incumplimiento de funciones, sino también de manera fehaciente en una supuesta violación al derecho internacional público y al derecho constitucional.
La otra acusación se refiere al tema de seguridad ciudadana. En el expediente se señala que la ministra del Interior, a lo largo de 2024, ha hecho referencia a la existencia de un “Plan Fénix”. Para ello, se adjuntan algunas entrevistas en medios de comunicación que revelan varias preocupaciones sobre el plan, entre ellas si el plan existe y es un borrador que no puede presentarse por no estar articulado al Plan Nacional de Desarrollo.
Paola Cabezas, en la solicitud de juicio, incluye cifras sobre el incremento de las muertes violentas en el Ecuador en medio de un estado de excepción. Para ello se apoya en publicaciones periodísticas y cuestiona que la información expuesta en el portal del Ministerio del Interior está desordenada, lo que no permite cuantificar ni analizar las variaciones de los homicidios violentos.
También responsabiliza a la ministra Palencia por la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el jefe de la banda de Los Choneros, quien encontraba pagando una condena de 34 años desde el año 2021 por los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, se fugó de la prisión Regional 8 de la ciudad de Guayaquil el domingo 7 de enero de 2024, justo antes de que el ejército fuera a buscarlo para trasladarlo a una prisión de máxima seguridad.
Por ello, en el expediente se habla de incumplimiento de funciones previstas en el Decreto Ejecutivo 381, y sostiene que la ministra del Interior no ha dado información exacta, es decir, no sabe cuándo José Adolfo Macías, alias Fito, el criminal más peligroso del país, se escapó de la cárcel de Guayaquil.
La ministra del Interior, según el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, es quien ejerce la rectoría de la seguridad ciudadana de la institución policial, funciones que no las ha cumplido, no ha existido una correspondiente rendición de cuentas sobre los acontecimientos de relevancia a nivel nacional e internacional, indica el expediente.
En el juicio se señala que Mónica Palencia incumplió funciones al no existir políticas públicas de planificación, activación de protocolos de seguridad, gestión y control de la seguridad nacional. (I)