La práctica de prueba en el juicio político en contra de Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), provocó una serie de denuncias de supuestos ataques por parte de la justicia, acciones de protección para evitar que el proceso avance e inclusive denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La Comisión de Fiscalización, presidida por la legisladora de la bancada Revolución Ciudadana Pamela Aguirre (RC), se reunió este 12 de diciembre con una hora de retraso y según lo justificó Aguirre, fue porque tuvo que madrugar antes de las 07:00 a revisar el sistema de gestión judicial electrónica, donde fue advertida de dos acciones de protección presentadas por el acusado con el objeto de suspender el proceso de juicio.
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Pamela Aguirre protesta por acciones de protección en su contra presentadas por Juan Guarderas
La sesión convocada para iniciar la práctica de prueba se realizó sin la presencia del acusado Guarderas, y con ello se permitió que la interpelante Ana Herrera (RC) presente sus argumentos y pruebas en contra del enjuiciado.
La legisladora de Cotopaxi acusa al consejero de una supuesta violación del deber de reserva y protección al denunciante, una presunta falsificación de firma cuando presentó la denuncia contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por precampaña, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), de presuntos indicios de tráfico de influencias y violación de la independencia judicial.
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Según la presidenta de la mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre, la presentación de dos acciones de protección en su contra y de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, tiene como objetivo intimidar y evitar que se cumpla con la obligación legal para lo cual fue elegida, esto es, fiscalizar el poder público. Aclaró además que estas acciones de protección no suspenden el procesamiento del juicio político.
Dijo que nada detendrá a la Comisión de Fiscalización en su afán de continuar con el juicio político a Guarderas. “No le tenemos miedo a la Función Judicial, no nos van a amedrentar ni a intimidar; nosotros estamos cumplimiento nuestras funciones”, afirmó Aguirre, quien anticipó que si se conceden medidas cautelares, la Comisión no las acatará, porque están yendo contra la democracia.
“Nosotros como asambleístas rechazamos la injerencia de la Función Judicial en nuestro trabajo y existe una sentencia de la Corte Constitucional donde indica que los procesos políticos tienen que ser garantizados y la Asamblea cumplir con su trabajo”, anotó Aguirre.
También comentó que el acusado no acudió a la mesa y no pudo ejercer su derecho a la defensa respecto de la documentación que le fue enviada, pero que podrá comparecer en la última etapa cuando será nuevamente convocado para ejercer el derecho a la defensa. Lo que le queda al acusado son tres horas de alegato en la última etapa del proceso, antes de cerrar el trámite para elaborar el informe que se pondrá en conocimiento del pleno.
Aguirre afirmó que lo único que se ve en este proceso es que el acusado trata de usar la Función Judicial en lugar de venir al órgano legislativo, donde podría defenderse con total libertad.
En cambio, el procesado políticamente publicó un comunicado en el que afirma que no fue convocado por ninguno de los canales establecidos: ni por Quipux, Zimbra, lotus, correo personal ni mediante notificación física. Pese a ello, añadió, se procedió a la práctica de pruebas en su ausencia, violando flagrantemente sus derechos como acusado.
Recordó que según el reglamento, la práctica de pruebas debe realizarse con la presencia de todas las partes para garantizar la contradicción y la igualdad.
La audiencia final de alegatos está prevista que sea este sábado 14 de diciembre y posterior a ello se procederá a la aprobación del informe para ser presentado a la presidencia de la Asamblea Nacional para su tratamiento en el pleno.
La asambleísta Ana Herrera, proponente del juicio contra Esteban Guarderas, lamentó que el acusado no acudió a presentar las pruebas de descargo frente a la acusación de incumplimiento de funciones respecto de su propia ley que rige al CPCCS, donde se prueba la violación de la reserva de ley, la utilización de su cargo para beneficio propio y la falsificación de una firma en un proceso que llevó adelante.
Rechazó la utilización de las instituciones públicas y de justicia para represalias cuando se pretende ejercer la fiscalización. En su caso, dijo que se ha presentado una acción en su contra ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por supuesta campaña anticipada en el periodo 2022-2023, y que en medio de tres días fue notificada en su despacho. (I)