Con opiniones a favor de censurar a Guillermo Lasso y otras voces que consideran que no es viable seguir el juicio político se desarrolló en la Asamblea Nacional la reinstalación de la sesión 872, respecto del juicio político en contra del ahora expresidente de la República, el cual se inició el 16 de mayo, pero fue interrumpido con la muerte cruzada.
La reinstalación empezó cerca de las 16:30 del miércoles 29 de noviembre, con la presencia de 130 asambleístas. Un total de 16 asambleístas intervinieron durante casi tres horas.
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A Guillermo Lasso se lo juzga por presunto peculado en la renovación de contratos, supuestamente irregulares, entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) para la contratación de buques para el transporte de petróleo con la empresa Amazonas Tanker Pool Company LLC.
En el debate del miércoles varios asambleístas argumentaron que existen razones suficientes para censurar a Lasso, por su responsabilidad política en el caso entre Flopec y Amazonas Tanker. Pero además señalaron que su gestión tuvo efectos negativos para la población, que dejó al país en una grave situación económica y social.
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La legisladora Esther Cuesta, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), dijo que es pertinente censurar a Lasso porque la Asamblea no puede ser cómplice y dejar en impunidad al exmandatario.
A decir del parlamentario Otto Vera, del movimiento Únete (que tiene alianza con el Partido Social Cristiano), planteó que no solo se debe censurar al exjefe de Estado, sino que el expediente del caso debe ser enviado a los organismos de justicia para que lo procesen judicialmente.
Por su parte, Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano (PSC), justificó que es legal seguir con el juicio porque el decreto de la muerte cruzada suspendió los plazos del tratamiento de leyes y procesos que estaban en curso. “Es responsable de peculado. No cabe duda alguna”, afirmó.
Taiano se refirió al pedido que Lasso presentó a la Corte Constitucional (CC) para que el organismo determine si la Asamblea Nacional está cumpliendo el dictamen sobre su juicio político. Al respecto, el legislador socialcristiano manifestó que el planteamiento es equivocado en el fondo y la forma.
Antes de que el pleno reinstale la sesión 872, Guillermo Lasso solicitó a la Corte que dé seguimiento al dictamen 1-23-DJ/23, del 29 de marzo de 2023, con el cual dio paso al juicio político. Según el exmandatario, se ha incumplido la sentencia y se han cometido varias irregularidades a lo largo del proceso. Además, argumentó que el juicio no cabe ahora porque ya no ejerce la presidencia.
Los legisladores que manifestaron que no es procedente seguir con el enjuiciamiento y debe ser archivado fueron Ana Galarza (Construye), Rafael Dávila (Actuemos) y Pedro Velasco (Avanza).
Si bien expresaron críticas y rechazo a la gestión que tuvo Guillermo Lasso, indicaron que la Constitución solo contempla el juicio político al presidente o vicepresidente de la República mientras está en funciones, no cuando ha dejado el poder.
Galarza, Dávila y Velasco recordaron que en 2018 la Comisión de Fiscalización decidió el juicio político contra el exvicepresidente Jorge Glas, porque él fue separado de su cargo luego de haber sido sentenciado a prisión por el caso Odebrecht.
Con ese antecedente, los tres legisladores propusieron no continuar el proceso contra Guillermo Lasso porque concluyó su mandato. Ana Galarza incluso dijo que si el tema sigue y se vota a favor de la censura, el expresidente podría demandar al Estado en instancias internacionales.
Alrededor de las 19:30, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle (PSC), suspendió el debate, cuando faltaban por intervenir 20 asambleístas más. La sesión se retomará el jueves 30 de noviembre, a las 10:30.
Previo al debate del miércoles, Kronfle dijo que el pedido de Lasso hacia la Corte Constitucional “es improcedente” y mencionó que no se violó la ley al convocar a la reinstalación de la sesión 872. (I)