Juicio político en contra del procurador del Estado, Íñigo Salvador, en un limbo jurídico

El juicio político en contra del procurador del Estado, Íñigo Salvador, entró en un limbo jurídico luego que el pleno votó en contra de una moción presentada por la bancada Unión por la Esperanza (UNES), que pedía que el proceso regrese a la Comisión de Fiscalización y se defina si cumple los requisitos o se archiva.El pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión del 5 de abril, conoció el informe de la Comisión de Fiscalización, donde informó que en la sesión del 23 de marzo pasado no pudo calificar y avocar conocimiento del proceso de solicitud de juicio político por no haber alcanzado la mayoría absoluta de votos. Por lo que pedía que el pleno tome una decisión al respecto.El problema surgió luego que el proponente del juicio, Ferdinan Álvarez (UNES), presentó un documento ante la Comisión de Fiscalización retirando la solicitud de juicio en contra del procurador del Estado, también algunos de los legisladores que apoyaban la solicitud retiraron las firmas de respaldo; todo esto, para que se agilice el trámite de dos procesos de interpelación que existen en la comisión en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, afirmó que es un hecho inusual porque por primera vez se presenta una solicitud de retiro del juicio político y que en ninguna parte de la ley que rige a la Asamblea contempla esa posibilidad, por lo que es el pleno quien tenía que resolver.En cambio, el legislador Álvarez defendió su decisión de retirar la solicitud y aseguró que está apegada a derecho, y anunció que volverá a presentar esa solicitud, pues para él ahora es más importante darle vida jurídica e institucional al CPCCS.En la sesión del martes 5 de abril, la legisladora María Gabriela Molina (UNES) presentó ante el pleno una resolución sobre la solicitud del juicio que proponía:Devolver el expediente de enjuiciamiento político en contra del Dr. Íñigo Salvador, procurador general del Estado, a la Comisión de Fiscalización y Control Político, a fin de que en el marco de sus competencias verifique, conforme lo señala el primer inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se cumple con los requisitos del artículo 131 de la Constitución de la República, caso contrario la archivará.Reiterar el respeto a la independencia de las funciones del Estado, a fin de que cada una actúe en el marco de sus competenciasRespaldar las actuaciones de las y los asambleístas enmarcadas en el ordenamiento jurídico, en especial su facultad fiscalizadora que prevé la posibilidad de respaldar solicitudes de enjuiciamiento político, sin excluir de ello a los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político.La moción fue rechazada con cero votos afirmativos, 120 negativos, 2 blancos y 13 abstenciones. La proponente planteó la reconsideración de la votación y esta fue aceptada por el pleno, pero ella pretendía cambiar el texto de la resolución, lo cual no lo permite la normativa.La sesión se estancó y no hubo acuerdo al enredo jurídico por lo que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, suspendió la sesión.El legislador Fernando Villavicencio comentó que cuando empezó la votación de la moción de Molina, reclamó al bloque UNES por qué plantean que el juicio regrese a la Comisión cuando desde esa mesa se pide un pronunciamiento al pleno porque no hay votos para resolver si conoce o archiva la solicitud, en vista de que no se contempla el retiro de una solicitud de juicio. Por eso, la bancada votó en contra y se equivocó en la moción, cuando el propósito era el archivo.Comentó que UNES, en todo este proceso de juicio político, se dio un tiro en el pie, porque la intención era quitar del camino el procesamiento del juicio en contra del procurador del Estado y acelerar los demás juicios hasta llegar al presentado en contra de los miembros del CPCCS; pero como no hay una definición del pleno sobre este juicio se tendrá que esperar esa resolución para conocer un nuevo proceso. La comisión tiene un informe del jurídico donde se dice que los plazos se suspenden hasta que el pleno resuelva sobre el juicio al procurador del Estado y aún no existe fecha respecto a cuándo el pleno volverá a tratar el tema. (I)

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