Amenazas y presiones se denunciaron desde dos exautoridades de la Contraloría del Estado y de Petroecuador, dentro de la etapa de prueba del juicio político al excontralor subrogante Pablo Celi, que lleva adelante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

En el cuarto día de comparecencias acudieron la excontralora subrogante Valentina Zárate y el expresidente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli, quienes dieron su versión respecto al desvanecimiento de glosas en el órgano de control.

La Comisión de Fiscalización estableció un cronograma de comparecencias para el procesamiento del juicio político contra Pablo Celi, acusado de incumplimiento de funciones por parte del asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES), cuya etapa de pruebas se tiene prevista concluya el 26 de julio próximo.

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Aunque también estuvo convocado Álex Bravo, exfuncionario de Petroecuador, pese a que hubo conexión por vía telemática desde la cárcel de Turi, en Cuenca, donde está detenido sentenciado por corrupción, presentó su excusa minutos antes de la reunión.

Zárate empezó describiendo que recibió el encargo de contralora subrogante mediante acción de personal suscrita por Celi el 14 de abril 2021, él está en la cárcel 4 de Quito.

Aseguró que hay muchos intereses en ocupar el “trono” de la Contraloría, que las presiones no fueron solamente externas sino también internas. “Yo sentí durante mi permanencia que hubo mucha resistencia de algunas personas y áreas que se veían atacadas e incómodas”, dijo.

Agregó que cuando asumió el cargo encontró que alrededor de mil informes de responsabilidad emitidos por Contraloría se aprueban fuera de plazo y en la institución no pasa nada, pues hasta el momento no se sabe lo que hará el actual subrogante, Carlos Riofrío González, afirmó.

Que recibió una serie de llamadas amenazantes, que primero le preguntaron si estaba sola, que tenían un informe de inteligencia que querían hacerle llegar; y que en una segunda llamada fue de una persona que se hacía pasar por Fabián Pozo, actual secretario jurídico de la Presidencia de la República, y expresó que el mandatario estaba preocupado por la actual situación de la Contraloría y que le daba una semana para hacer cambios en áreas estratégicas del organismo de control e incluso le refirieron nombres de unidades, y que más adelante le harían llegar una lista de personas con quiénes sustituir y nombrar en esas funciones.

Que si bien la persona que la llamó tenía un acento cuencano, luego corroboró que no era él, que era una persona falsa. Recibió una tercera llamada en la que la increparon por qué no hizo los cambios sugeridos, que mucha gente estaba tras su cargo y que gente dentro de la Contraloría no quería su presencia. Que le preguntaron si vio lo que le pasó a José Agusto Briones, procesado por el caso Las Torres, quien se habría suicidado. No presentó una denuncia formal a la Fiscalía, pero sí comunicó a su grupo de seguridad.

Aclaró que nunca le llegaron a dar los nombres de las personas que tenían que ocupar los cargos, pero se pidió que sacase a un grupo de la institución: Hugo Pérez, subcontralor de auditoría; José Luis García, director provincial de Pichincha; Sonia Sierra, directora de auditoría 1; Flor María Guerrero, directora de territorio de la Sierra y Amazonía; Darwin Moreno y Pedro Moreno, del área de comunicación.

Zárate finalmente dijo que como está la actual Contraloría ni poniendo un cura o un rabino mejorarán las cosas, que se necesita una reingeniería, porque hay autoridades internas que tienen una suerte de irregularidades.

Amenazas de muerte

En tanto, al iniciar su comparecencia por vía telemática desde la cárcel de Ambato, Pareja Yannuzzelli manifestó que el resultado del juicio político contra Celi es irrelevante; pero aseguró que el caso Las Torres es el hilo conductor que va a ayudar a la Asamblea Nacional a determinar la existencia de una “gran organización criminal que lideraba el exmandatario Rafael Correa y que era asistida en los organismos de justicia y de control por Alexis Mera, exsecretario jurídico, y el exvicepresidente Jorge Glas”.

Aseguró que esa organización perjudicó al país en algunos miles de millones de dólares, sobre todo en la comercialización de derivados de petróleo, que hasta el momento no han sido investigados.

Si la Comisión de Fiscalización quiere ir al fondo, tiene que conocer el modus operandi de la “gran estructura criminal organizada”, que toda la documentación que posee fue entregada al expresidente de la Asamblea César Litardo, al exmandatario Lenín Moreno y al procurador del Estado, Íñigo Salvador.

Insistió en que la gran estructura que lideraba Correa requería a su vez de varias estructuras en diferentes instituciones del Estado, una de ellas es la Contraloría, porque tenía que conseguir el desvanecimiento de glosas e informes favorables.

Que si la Comisión de Fiscalización quiere conocer la verdad, que no se quede en el juicio político a Celi, pues lo relevante está en los miles de millones de dólares que se robaron en los sectores estratégicos y que tiene cómo demostrarlo “antes de que me maten, aquí estoy amenazado de muerte; solo porque sabían que me iba a presentar ante la comisión me amenazaron con cuatro puñaladas”, alertó.

La comparecencia de Yannuzzelli concluyó con un compromiso de la Comisión de Fiscalización de recibir en comisión general al exfuncionario de Petroecuador para que presente toda la información que posee, y el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, anunció que pedirá información a la Fiscalía General del Estado sobre el estado del acuerdo de cooperación eficaz firmado por Carlos Pareja con el exfiscal Carlos Baca Mancheno.

Otras acciones de control

La excontralora subrogante Valentina Zárate, respecto de las acciones de control realizadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la eliminación de cuatro organizaciones políticas del registro electoral, señaló que sí fueron aprobados los informes, pero no se emitió ningún tipo de responsabilidad y que en septiembre de 2020 se emitió un informe de suspensión de plazos hasta el 24 de mayo de 2021, porque el país estaba en periodo electoral.

En torno al incendio del edificio de la Contraloría, Zárate indicó que ella ocupaba el cargo de secretaria general, que el fuego alcanzó a las oficinas de la secretaría general, documentación y archivo general; sin embargo, indicó que en secretaría hubo una afectación física, pero con respecto a los documentos de esa área fueron recuperados y otros no fueron afectados.

Pero que la dirección de responsabilidades, que fue la de mayor afectación, al pedir un informe recibió un documento suscrito por Ana Sofía Moreno, secretaria abogada de esa dirección, donde se da el detalle sobre los expedientes afectados por las llamas. En él se indica que se realizó un inventario, una reposición donde se pidió información a los administradores que tenían procesos abiertos en la Contraloría, entreguen copias de sus respuestas y descargos. Que se solicitaron a nivel nacional 22.858 reposiciones y que se recibieron tan solo 4.294. De ahí que sorprende que el actual contralor subrogante, Carlos Riofrío, afirme que se han reconstruido los informes. (I)