“El Gobierno del Ecuador rechaza el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso”, titula un comunicado publicado por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom).
Carondelet respondió de esa manera a la solicitud de juicio político que presentaron la tarde del lunes asambleístas de las bancadas Unión por la Esperanza (UNES) y del Partido Social Cristiano (PSC), con 59 firmas de respaldo.
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La Segcom señaló que la demanda “carece totalmente de elementos políticos y jurídicos que permitan sustentar un proceso en contra del primer mandatario”. Que el único propósito de los legisladores es “atentar contra la institucionalidad del Estado y la democracia”.
El juicio político no es un acto de fiscalización, sino que se trata de otro intento de desestabilización que proviene de la Asamblea, en menos de dos años.
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“Ante estas acciones, Gobierno del Ecuador continuará enfocado en atender las principales preocupaciones de los ecuatorianos”, concluyó el comunicado del Gobierno.
El enjuiciamiento al jefe de Estado se basa en la segunda causal del artículo 129 de la Constitución, que abarca a los delitos de concusión, peculado o enriquecimiento ilícito.
Se acusa a Guillermo Lasso por los supuestos delitos de concusión y peculado relacionados con las empresas públicas Petroecuador, Flopec y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).
Diez hechos encontraron los legisladores para impulsar el juicio político, entre los cuales se incluye la expedición del Decreto Ejecutivo 163, que modificó la conformación de los directorios de las empresas públicas; y la designación de Hernán Luque al frente de EMCO, quien ahora es investigado por presuntos actos de corrupción. (I)