La jueza Lucila Soria, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia radicada en Quitumbe, en el sur de Quito, será quien esté a cargo de la acción de protección que presentó Andrés Páez con la finalidad de echar abajo la aprobación de 268 amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional, la madrugada del jueves último.
Aún no existe fecha para la audiencia en la que se analizarán los argumentos con los que se sustenta el pedido de acción constitucional de protección y de medidas cautelares que hace Páez de respecto d actos violatorios de la resolución con la que el Legislativo otorgó “amnistías indiscriminadamente”. La acción va en contra de la Asamblea Nacional, que tiene como presidenta a Guadalupe Llori.
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La medida constitucional de Páez fue presentada la madrugada del sábado 12 de marzo último. En manos de la jueza Soria ya habrían sido puestas las once páginas con lo demandado.
“Se entregaron amnistías indiscriminadamente a personas, entre ellas a un grupo de terroristas que sembraron el caos en el Ecuador durante octubre de 2019. Estamos aquí para dar respuesta a ese clamor ciudadano de que esta barbaridad no tome curso y que no se concrete”, señaló Páez.
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Andrés Castillo, representante del colectivo ciudadano autodenominado Quito Levántate, anunció que respaldarán, mediante un amicus curiae, la acción presentada por el exlegislador y excandidato a la Vicepresidencia de la República. Según Castillo, es momento de sumarse a las iniciativas que van encaminadas a que se respete Quito y se den de baja amnistías entregadas a personas que no se merecían por haber cometido delitos comunes y no delitos políticos, por haber cometido delitos que por la Constitución están prohibidos de ser amnistiados.
Justamente Castillo junto con Patricio Alarcón, otro integrante de este colectivo que aglutina a representantes de sectores comerciales, empresariales, profesionales, entre otros, de Quito, presentaron la mañana de este martes en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución que con 99 votos a favor de la Asamblea dio paso a las 268 amnistías.
Respecto de las acciones constitucionales que han emprendido varios sectores en la capital por las amnistías, Marlon Santi, coordinador del movimiento Pachakutik (PK), la mañana de este martes, anunció que emprenderán acciones para dar “protección” a los amnistiados. Según él, plantear acciones de protección en instancias de justicia frente a las amnistías no cabe, ni tiene legalidad, porque, aseguró, la autoridad máxima en el tema de amnistías es la Asamblea.
Pese a ello, informó, han solicitado amicus curiae a instituciones internacionales como el Foro Permanente de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, entre otros, para que den observaciones al Estado ecuatoriano, pues han sido instancias que han dado atención a lo que estaba pasando en Ecuador. (I)