El juez nacional Iván Larco negó la acción de habeas corpus correctivo que presentó la defensa jurídica del expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, para que se lo traslade de la cárcel de máxima seguridad La Roca, localizada en Guayaquil, a otro centro penitenciario que “le brinde más seguridad”. Terán aseguró que apelará la decisión.
El accionante, abogado Jorge Haz Armas, solicitaba como medida de reparación integral que se dispongan alternativas a la prisión preventiva a fin de que Terán pueda ejercer el derecho a la defensa en libertad, y en el caso de no aceptar esta medida se ordene su traslado al centro de rehabilitación social de Pichincha.
El juez Larco declaró improcedente la garantía constitucional.
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Durante su comparecencia, Terán alegó que en La Roca su vida está en peligro y que también está siendo sometido a tratos crueles que afectan su integridad psíquica y física e igualdad material, así como el derecho a la defensa.
Además, sostiene que ese complejo carcelario es para personas catalogadas de alto riesgo de peligrosidad, por cuanto cerca de su celda está recluido un miembro de un GDO (grupos de delincuencia organizada).
Terán expresó que en La Roca su vida se deteriora, pues las condiciones en las que se encuentra le generan afectaciones psíquicas que no había experimentado antes. Dice que está siendo sometido a un “acoso permanente” y que siente zumbidos en sus oídos constantemente.
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Describió que la celda es “oscura” y que no tiene contacto con luz natural, factores que, en su criterio, son un trato que degrada.
Mencionó que este día fue informado de que en La Roca entraron aparatos electrónicos, con lo cual supone que también pueden entrar elementos cortopunzantes.
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En su réplica, la abogada del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Mariluz Escobar, rechazó las alegaciones con respecto a que no se ha garantizado su derecho a la defensa. Manifestó que se han presentado las bitácoras que comprueban las visitas de los abogados de Terán y también se ha garantizado su comparecencia a todas las diligencias que requieren su presencia.
Escobar indicó que el traslado a La Roca se motivó en informes técnicos que alertaron sobre posibles riesgos contra su integridad y vida en la Cárcel 4. Tampoco se ha demostrado que Terán haya sido sometido a torturas y tratos crueles ni que haya sido discriminado. Afirmó que el SNAI ha garantizado la vida, integridad y derechos conexos de Terán, incluyendo la salud y el derecho a la defensa.
Por su parte, el delegado de La Roca dijo que se ha demostrado que Terán ha tenido contacto con sus abogados y ha podido defenderse en los procesos en su contra. También se ha demostrado que no existen riesgos de amenazas contra el exmagistrado, por parte de otras PPL de La Roca. Por lo tanto, aseguró que la permanencia de Terán en La Roca busca garantizar su seguridad.
La representante de la Procuraduría General del Estado, Pamela Escobar, sostuvo que no se ha demostrado que Terán haya sufrido tortura o tratos crueles; y, al contrario, se ha probado que está en buenas condiciones y ha tenido contacto constante con su abogado.
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Expresó que el habeas corpus se motiva únicamente en la inconformidad de Terán con el lugar de la privación de libertad, por lo tanto, solicitó que se rechace la acción.
La audiencia se desarrolló desde las 09:00 de este miércoles, 3 de julio, en la Corte Nacional de Justicia y se suspendió pasadas las 14:00. El expresidente del Consejo de la Judicatura dijo que le resulta “oscura” la resolución, tras lo cual activó el mecanismo de apelación. (I)
