Una acción de protección que presentó la empresa Gráficos Nacionales S. A. (Granasa) en contra de la Superintendencia de Compañías fue negada por un juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte de Guayaquil, Eduardo Santamaría Encalada, este miércoles, 21 de enero de 2026.
Granasa presentó este recurso ante la notificación de la Superintendencia para revertir la transferencia del 40 % de las acciones de esta compañía, realizada años atrás desde la empresa Veranera, que está en proceso de liquidación, a favor de Íngrid Martínez Leisker.
La empresa alegó presuntas vulneraciones a los derechos a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica.
Publicidad
Según recoge el diario Expreso, el magistrado declaró improcedente esta acción de protección tras determinar que todos los actos relacionados con el liquidador designado por la Superintendencia de Compañías, así como la reversión de acciones, fueron notificados al correo de Martínez Leisker y no recibieron respuesta, por lo que concluyó que no existió tal vulneración al derecho a la defensa.
En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la seguridad jurídica, el medio de comunicación informó que el juez Santamaría sostuvo que el acto administrativo iniciado por la Superintendencia de Compañías, que derivó en el oficio del 29 de diciembre de 2025 sobre la reversión de las acciones, se rige por la Ley de Compañías y su respectivo reglamento, por lo que tampoco se determinó la vulneración de este derecho.
“El magistrado recordó que una acción de protección es improcedente cuando el acto cuestionado aún puede ser impugnado en la vía judicial ordinaria. En ese sentido, sostuvo que Íngrid Martínez Leisker no ha demostrado que dicha vía no sea idónea o eficaz y que, pese a haber tenido tiempo para impugnar el oficio ante la Superintendencia de Compañías, no lo hizo”, señala Expreso.
Publicidad
Asimismo, el medio de comunicación repasa que en la defensa de Íngrid Martínez Leisker sostuvo que se vulneró su derecho a la defensa al no haber sido notificada con los documentos emitidos después del cambio de liquidador de la empresa, vinculados al intento de reversión de las acciones. Además, alegó la vulneración del derecho al debido proceso bajo el argumento de que la Superintendencia de Compañías carece de competencia constitucional y legal para revertir una transferencia de acciones.
El pasado 1 de enero, Granasa denunció una serie de acciones que atribuye al Gobierno de Daniel Noboa cuyo fin, según afirmó, sería “doblegar a ambos medios críticos mediante el uso de instituciones públicas”. (I)
