En abril pasado se cumplieron cinco años del terremoto que en 2016 azotó las provincias de Manabí y Esmeraldas, pero también se cumplieron tres años de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) presentó una denuncia en la Fiscalía para que se investiguen supuestas irregularidades en la contratación de obras que se dieron como parte de la reconstrucción.