“Al efectuar una revisión minuciosa del equipo y retirar la cinta aislante de color negro se observó la ausencia del tornillo que sujeta el seguro metálico a la correa del dispositivo. Esta novedad fue inmediatamente informada a la directora de Penas No Privativas de Libertad, Dispositivos de Vigilancia Electrónica y Reinserción, a fin de que se adopten las acciones pertinentes”.
La situación descrita es parte del informe de novedades del dispositivo de vigilancia electrónica (DVE) que tenía puesto Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, procesado en los casos Triple A y Goleada, el cual fue realizado por funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y se anexó al expediente del proceso penal en que se analiza el delito de tráfico de combustible la tarde del 18 de febrero pasado.
El proceso para retirar el grillete electrónico que tenía Alvarez se dio el 11 de febrero pasado, luego de que el juez de la Unidad Anticorrupción Jairo García dentro del caso Goleada, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, ordenó prisión preventiva para el alcalde guayaquileño.
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Para el cumplimiento del retiro del dispositivo de vigilancia electrónica de Alvarez ingresaron a la Zona de Aseguramiento Transitorio del Complejo Judicial Norte Iñaquito, ubicado en el norte de Quito, los servidores del SNAI Elionora Salazar Bravo, directora de Penas No Privativas de Libertad, Dispositivos de Vigilancia Electrónica y Reinserción; Miguel Guevara Rueda, analista de Disposiciones Judiciales con uso de DVE (infraestructura tecnológica nacional); y Alexander Coronado Quevedo, técnico de Colocación y Monitoreo de Dispositivos de Vigilancia Electrónica.
Antes de describir los hallazgos ubicados en el retiro del grillete electrónico, el informe de novedades incluye el parte policial de detención de Aquiles Alvarez dentro del caso Goleada, detención que se dio en la vivienda del alcalde en la urbanización Blue Bay, en Samborondón, provincia del Guayas.
“Al momento de ingresar al inmueble y llegar hasta el dormitorio en el que se encontraba el ciudadano Aquiles Alvarez se pudo visualizar que no se encontraba portando el grillete electrónico, constatando que se encontraba sobre el piso junto a la cama. Posteriormente, en presencia del señor fiscal procede a colocarse el dispositivo electrónico”, señala el parte ingresado al expediente de Triple A.
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Inmediatamente, los agentes policiales hicieron verificaciones con el ECU911 con la finalidad de conocer si existió un reporte de alerta referente a la manipulación del grillete electrónico de Alvarez. Habrían tomado contacto con la uniformada que era la operadora de turno en la cabina de Policía Nacional, quien les mencionó que no existió ningún reporte y que tampoco tenía conocimiento el SNAI sobre la alerta de manipulación del grillete electrónico.
Revisado el sistema, se habría confirmado que tampoco existía registro sobre la alerta en el turno anterior, comprendido desde las 22:00 del 9 de febrero de 2026 hasta las 06:00 del 10 de febrero de 2026. Los agentes solicitaron que la novedad relacionada con el alcalde de Guayaquil fuera puesta en conocimiento de la fiscal Ruth Amoroso, quien está a cargo del caso Triple A, y que se adjunte un video con todo lo suscitado en el allanamiento en el que se habría evidenciado que el procesado no llevaba el dispositivo.
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Ese parte policial del 10 de febrero pasado es el que le sirve de base a la fiscal Amoroso, de la Unidad de Investigación Selecta Especializada en Transparencia, para solicitar dentro del caso Triple A que se fije una fecha para en audiencia fundamentar la necesidad de que se revisen las medidas cautelares que pesan sobre Alvarez.
Justamente con esa diligencia se espera que se abra el próximo 7 de marzo la audiencia de juzgamiento de Triple A a la que han sido convocadas dieciséis personas naturales y seis jurídicas (empresas) que son acusadas del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
El 19 de julio pasado, el juez anticorrupción Renán Andrade decidió llamar a juicio a las veintidós personas naturales y jurídicas que recibieron un dictamen acusatorio de Carlos Alarcón, entonces fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y hoy fiscal general encargado. La Fiscalía pidió que sean llamados a juicio como autores diez personas naturales, entre las que está el alcalde Aquiles Alvarez, y seis empresas; mientras que otras seis personas más fueron acusadas en calidad de coautores de la comercialización ilegal de hidrocarburos.
En el caso Triple A, la Fiscalía analiza la existencia de una relación de las seis personas y empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel. Con base en pericias existentes, la Fiscalía determinó que en esta causa se habría cometido un delito en alta escala al existir un perjuicio económico aproximado de $ 61′502.658,39, correspondientes a 22′777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina.
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A decir de la Fiscalía, varias estaciones que adquirieron combustibles se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotor, industrial y naviero.
Para el retiro del grillete electrónico de Alvarez, en el informe se explica que el alcalde fue trasladado a la celda número 2 del mismo pabellón de hombres, donde se constató la inexistencia de cámaras y se procedió con el protocolo correspondiente.
“Para el retiro del DVE se utilizaron las herramientas técnicas especializadas destinadas para este procedimiento. Se indicó al usuario que debía fijar la vista hacia el techo y abstenerse de observar el proceso hasta su culminación. Una vez concluida la desinstalación, se procedió a la suscripción de la documentación correspondiente, esto es, el acta de entrega-recepción y el informe de desmontaje (...). Posteriormente, ya fuera de la vista del usuario, se realizó la validación técnica del dispositivo retirado. En dicha revisión se verificó, de manera presuntiva, que el dispositivo habría sido manipulado. Para dejar constancia de la novedad, se generó un video en el pasillo de los pabellones”, se anotó en el informe de novedades.
La directora de Penas no Privativas de Libertad, Dispositivos de Vigilancia Electrónica y Reinserción, Elionora Salazar, habría hecho un video con su celular personal con las condiciones en las que se encontró el dispositivo. Dicha toma habría sido realizada saliendo del pasillo de las celdas de hombres, donde se tenía una mayor iluminación.
El proceso concluyó la noche del 11 de febrero pasado, con la entrega del dispositivo de vigilancia electrónica en la celda 2 del pabellón hombres, al subteniente Byron Giacometti Bustos, agente investigador de la Policía Nacional.
El día de la detención de Alvarez en el caso Goleada, su abogado, Ramiro García, negó que exista incumplimiento alguno de la medida cautelar dispuesta para su cliente. Según él, el alcalde no portaba su dispositivo la madrugada del 10 de febrero pasado porque estaba cargando el equipo, algo similar a cuando se carga un celular.
“Las presentaciones periódicas, que son dos por semana, que se ordenaron en el caso Triple A, se han cumplido a cabalidad; por lo tanto, no existe ningún peligro de evasión ni mucho menos. (...) Entiendo que mientras está cargándose el grillete es complicado dormir él pegado al enchufe”, refirió García, quien negó que hayan existido alertas sobre el dispositivo de vigilancia electrónico, asegurando que siempre su defendido estuvo con el grillete.
Luego de García entrevistarse en el Complejo Judicial Norte, en Quito, con Aquiles Alvarez y antes de la audiencia de formulación de cargos en Goleada, el abogado aseguró que su cliente “nunca dejó de usar el grillete” y mantenía puesto el dispositivo. Señaló que la información dada por la Fiscalía sobre que el procesado fue encontrado sin el grillete “raya en lo delictivo”. (I)
