Que se declare la “ilegitimidad” de la deuda contraída por el país a través de la firma del acuerdo para el crédito de servicio ampliado del FMI (SAF) con el Fondo Monetario Internacional, el 25 de abril de 2024; que la Asamblea Nacional active los mecanismos para pedir la inconstitucionalidad de dicho acuerdo; y que se inicie el proceso de juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega.