El informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con las compañías Progen Industries y Austral Technical Management (ATM) se conocerá y será sometido a votación en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional la noche de este viernes, 19 de diciembre de 2025.
La sesión de la mesa legislativa fue convocada para las 20:00, de manera virtual, por la asambleísta de la bancada de Gobierno Acción Democrática Nacional (ADN) y presidenta de esta comisión, Diana Jácome.
El documento borrador tiene 80 páginas y repasa los antecedentes de este caso, que se inició en marzo de este año con pedidos de información al exgerente general del Banco Central del Ecuador Guillermo Avellán por parte del exasambleísta del correísmo Lenín Barreto.
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Luego, en el mes de mayo, la Comisión de Transparencia empezó la fiscalización del caso Progen, bajo la presidencia de Patricio Chávez, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, en el periodo de transición. Posteriormente, el proceso de fiscalización se retomó en la misma mesa parlamentaria bajo la presidencia de Diana Jácome.
El informe que será conocido por los diez integrantes de esta comisión recoge también las comparecencias de Fabián Calero exgerente, subrogante de Celec, ahora investigado por la Fiscalía General del Estado por este mismo caso, de Byron Orozco, exgerente de la Unidad de Negocio Termopichincha de Celec, entre otras autoridades, con excepción de ministros de las carteras de Estado encargadas, como Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, y Roberto Luque, actual ministro de Transporte y exministro de Energía encargado en el periodo cuando se celebraron los contratos con Progen y ATM.
El texto de la Comisión de Transparencia tiene tres conclusiones que determinan que:
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- Las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas fueron objeto de examen especial y se encuentran en la sede de la Contraloría General del Estado, quien ya ha establecido responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal.
- Las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía, que es el órgano competente para impulsar la acción penal y recabar los elementos de convicción suficientes para alcanzar las sanciones que en derecho correspondan en materia penal.
- De las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas no se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades públicas previstas en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador que se configuren en un incumplimiento de funciones que sean susceptibles de responsabilidad política.
Asimismo, propone dos recomendaciones:
- Remitir el informe a los organismos de control pertinentes para que, en el ámbito de sus competencias, ejecuten las acciones que en derecho correspondan respecto de los hechos evidenciados en los procesos de contratación emergente de Salitral, Quevedo y Esmeraldas, respectivamente.
- Requerir que los organismos de investigación penal y control de responsabilidades administrativas y civiles culposas continúen con los procesos de investigaciones abiertas, identifiquen a los presuntos responsables, públicos y privados, y ejecuten las acciones que correspondan para garantizar sanción a los responsables y la reparación al Estado.
Para la aprobación de este informe de fiscalización, en la Comisión de Transparencia, presidida por el oficialismo, se necesitan al menos cinco votos de sus miembros.
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Los contratos con Progen y ATM son investigados dentro y fuera del país. La Fiscalía investiga un presunto peculado en el denominado caso Apagón, en tanto que el Estado ecuatoriano presentó una demanda contra Progen en Estados Unidos. (I)
