En el informe anual de actividades, la Contraloría General del Estado aprobó 1.341 informes de auditoría, de los cuales 309 fueron informes con indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado. La mayor concentración de control se realizó en los Gobiernos autónomos descentralizados.
Las cifras las presentó el contralor del Estado, Mauricio Torres Maldonado, en su informe anual de labores ante la Asamblea Nacional. En la misma sesión plenaria n.º 062 también presentó su informe el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Luis Alberto Cabezas-Klaere; la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma; y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.
Las autoridades electorales informaron respecto a la tarea que desarrollaron durante el último proceso electoral, los recursos que se presentaron y resolvieron, así como los resultados electorales tanto de las elecciones generales desarrolladas en febrero de 2025 como también de los resultados de la consulta popular de noviembre pasado.
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El contralor del Estado, en su informe, reveló que en el 2025 ejecutó 1.169 acciones de control a escala nacional que corresponden a auditorías de gestión, auditorías financieras, de obras públicas e informáticas, así como de aspectos ambientales.
En cuanto a la distribución de los exámenes, el 62 % de las auditorías se realizó mediante unidades de control externo, mientras que el 38 % restante fue ejecutado por las unidades de auditoría interna.
En términos sectoriales, añadió Torres Maldonado, la mayor concentración de control se dio en el sector de desarrollo seccional, que corresponde a los Gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas, representando el 33,4 % del total de las auditorías.
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Otros sectores con intervenciones significativas fueron la Función Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, que representan el 44,4 % del total de las acciones del plan anual de control.
Al cierre del periodo 2025, dijo Torres, la Contraloría aprobó 1.341 informes de auditoría, de los cuales 309 fueron informes con indicios de responsabilidad penal. Estas actuaciones se remitieron a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las acciones legales pertinentes.
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Paralelamente, indicó ante los legisladores, se tecnificó el control patrimonial mediante modelos de aprendizaje automático y minería de datos. Esto permitió que durante el 2025 se emitan 275 órdenes de trabajo y se aprueben 209 informes de exámenes a declaraciones patrimoniales juradas. Un incremento del 20 % respecto al año anterior.
De esta cifra, dijo, 130 son informes generales y 79 son informes con indicios de responsabilidad penal. Las instituciones con mayor incidencia de estos exámenes fueron Asamblea Nacional, la Función Judicial y los Gobiernos locales.
El contralor también destacó las bondades de la implementación de la Unidad de Auditoría Forense e Informática. También dijo que trabajó con el Instituto de Altos Estudios Nacionales en el diseño de la malla curricular para la Maestría en Auditoría Forense, para dotar de capacidades técnicas avanzadas en la detección de delitos contra la administración pública.
En 2025, la Dirección Nacional de Auditoría Interna ejecutó 32 acciones de control dentro de la Contraloría, de las cuales se aprobaron 16 informes generales y 6 informes con indicios penales. Se evaluaron procesos críticos, como la planificación de talento humano, así como la selección de personal, garantizando que la gestión sea el primer referente.
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En lo que respecta a la gestión de juzgamiento, la Contraloría General del Estado confirmó en el 2025 un total de 9.697 resoluciones de responsabilidades, cuyo monto global supera los $ 434 millones. Este valor se desglosa en 16 millones por responsabilidades administrativas y $ 418 millones por responsabilidades civiles.
Recaudación
El contralor Torres destacó que en la gestión de recaudación y coactivas se recuperaron más de $ 33 millones, lo que representa un incremento del 82 % en comparación con los años 2021, 2022 y 2023.
Este avance, explicó, se debe a la aplicación de la remisión de intereses implementada en la Ley Orgánica para el Alivio Financiero. En total, 18.942 ciudadanos se beneficiaron de esta remisión y regularizaron su situación financiera con el Estado. (I)
