Hernán Ulloa, designado presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por la mayoría de sus miembros, solicitó a la Policía Nacional resguardo para ingresar a las instalaciones del organismo en Quito.
“Solicito que se nos asigne un contingente policial para ingresar a las instalaciones que se encuentran inhabilitadas por personas ajenas a la institución, las cuales se encuentran bloqueando el acceso para su normal funcionamiento e ingresando a lugares sensibles de la institución donde se resguardan datos físicos y electrónicos, como Data Center, Secretaría General, Talento Humano, TICS y Financiero”, reseña un oficio remitido al comandante de la Policía Nacional, este 15 de febrero, al que tuvo acceso este Diario.
Publicidad
Su pedido lo hace porque desde el pasado 9 de febrero, Sofía Almeida, quien reclama ser la presidenta de la institución, se encuentra resguardando las instalaciones, acompañada de los consejeros David Rosero, Javier Dávalos y de ciudadanos de colectivos sociales, además de familiares y amigos.
Ulloa, por su parte, según se conoció, continúa despachando desde un hotel de Quito y asegura ser el presidente del Consejo, por efecto de una acción de protección y porque en el sistema documental Quipux él consta como el presidente.
Publicidad
En tanto, los tres vocales de minoría intentaron reinstalar la sesión ordinaria permanente 3, pero por falta de quorum la suspendieron.
A las 16:00 de este martes (15 de febrero) David Rosero, vicepresidente, convocó a la reinstalación de esta plenaria suspendida desde el 27 de enero pasado, que entre sus puntos de debate tenía la remoción de Sofía Almeida de la presidencia y discutir las reformas a los reglamentos de designación de autoridades, entre ellos para la selección del titular de la Contraloría General del Estado.
Esta sesión se declaró permanente el 26 de enero de 2022, con el voto de los cuatro vocales de mayoría: Francisco Bravo, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán, quienes mocionaron debatir reformas a los reglamentos.
Ese mismo día se apeló a la presidencia de Almeida para presidir dicha plenaria y David Rosero como vicepresidente asumió la dirección.
Al siguiente día, Rosero la suspendió cuando se incorporó la moción de remoción de la dignidad presidencial de Almeida y no la volvió a convocar hasta este martes.
Debido a que pasaron “trece días” sin volver a convocarla, los cuatro consejeros de mayoría la reinstalaron el pasado 9 de febrero y en ella removieron a Almeida y a David Rosero de sus dignidades. Designaron a Ulloa y Rivadeneira como presidente y vicepresidenta, en su orden.
Este martes, Rosero intentó reinstalar el debate en el pleno del Consejo en Quito, pero ninguno de los cuatro consejeros de mayoría asistió, por lo que se vio obligado a suspenderla.
Solo se encontraban Javier Dávalos, Rosero y Almeida, con Carlos Chiriboga como secretario general.
Dávalos llamó al “diálogo” y a la “sensatez” a los cuatro miembros para que asistan al Consejo y así “recuperar el estado de derecho”, porque “las ilegalidades van sumando”, les advirtió.
Por otra parte, desde las cuentas oficiales del Consejo de Participación Ciudadana se informó que están “insubsistentes las convocatorias a sesiones no autorizadas”.
Ulloa había dispuesto dejar insubsistentes las convocatorias efectuadas por “personas que no tienen la competencia legal para hacerlo”.
La única convocatoria oficial, según Ulloa, es la convocatoria a la reinstalación de esta misma sesión ordinaria permanente 3, hecha por él para este miércoles, 16 de febrero, a las 10:00.
Previamente, este 14 de febrero, los cuatro consejeros de la mayoría, en una sesión presidida por Ulloa como presidente, instaló una sesión extraordinaria en la que removieron de su cargo como secretario general a Carlos Chiriboga y nombraron a Libertón Cueva Jiménez en su remplazo.
Adicionalmente, aprobaron dos reformas al reglamento de sesiones del Consejo de Participación Ciudadana. (I)