Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo se enfrentan a una posible censura y destitución

Cuatro de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fueron llamados a juicio político por la Asamblea Naciona l y, al mismo tiempo, se archivó una segunda interpelación en contra de los siete vocales.Con el impulso de las bancadas legislativas del correísmo Unión por la Esperanza (UNES), del Partido Social Cristiano (PSC) y hasta de la Izquierda Democrática (ID) , el pleno de la Asamblea Nacional alcanzó los 84 votos para enjuiciar políticamente a cuatro consejeros del CPCCS que integran la mayoría: el presidente Hernán Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, acusados por presunto incumplimiento de funciones.Se quedaron fuera de este proceso los consejeros Sofía Almeida, Javier Dávalos y David Rosero.La decisión se tomó en una plenaria de este 15 de noviembre y la moción la presentó la legisladora del ala rebelde de Pachakutik (PK) Mireya Pazmiño, quien propuso que sean los cuatro vocales los convocados a comparecer y a la vez que se archive la solicitud de enjuiciamiento que se sustanciaba en contra de los siete.Su moción t uvo 84 votos afirmativos, 9 en contra y 32 abstenciones. Antes de la votación hubo un debate en el que intervinieron unos 17 legisladores. Uno de ellos, el asambleísta José Chimbo (PK), quien mocionó que se proceda con el enjuiciamiento a los siete vocales. Aunque esta no llegó a votarse, pues se impuso la mayoría en la iniciativa de Pazmiño que fue la primera en someterse a votación.Con esto, este viernes a las 14:30 está previsto que se instale la plenaria para que Ulloa, Bravo, Estupiñán y Rivadeneira comparezcan al hemiciclo a defenderse. En el caso de aprobarse, implicaría la censura y destitución de sus cargos. Las causales se enmarcan en la solicitud que hizo Pazmiño y el asambleísta Ángel Maita, que argumentan que los cuatro vocales propiciaron inseguridad jurídica al haber reformado el reglamento para la designación del titular de la Contraloría General del Estado , cuando se convocó al concurso para la conformación de la comisión ciudadana de selección de esta autoridad.A la par, la resolución de Pazmiño incluyó un punto en el que se dispone archivar el enjuiciamiento a los siete consejeros por las causales planteadas por los asambleístas José Chimbo y Ricardo Vanegas (PK), quienes expusieron irregularidades en la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias y la remoción de Fausto Murillo, como vocal del Consejo de la Judicatura (CJ).Vanegas reclamó que el juicio político había precluido, pues los informes de sustanciación del proceso que llevó a cabo la Comisión de Fiscalización no se tramitaron dentro de los plazos correspondientes.“No somos competentes para resolver sobre este juicio político porque los plazos han fenecido. ¿Sobre qué actas vamos a resolver?”, preguntó Vanegas, aunque consideró que debían ser los siete consejeros los enjuiciados y no solo los cuatro.El coordinador de la bancada de PK, Salvador Quishpe, criticó que el objetivo de este ‘cálculo político’ es “recuperar el control del Consejo de Participación Ciudadana”, a través de Almeida, Dávalos y Rosero.“La prueba de esto es que no se está buscando corregir los errores que se han cometido en el Consejo de Participación Ciudadana; lo que están haciendo es tumbarse a cuatro consejeros para recuperar la mayoría y también recuperar a su Carlos Pólit”, ironizó Quishpe, en relación al excontralor procesado por concusión dentro del caso Odebrecht.A lo que se suma que en el Consejo de Participación Ciudadana arrancó este 14 de noviembre el concurso público para la selección del titular de la Contraloría General del Estado, con la convocatoria a la ciudadanía para que se inscriba a participar.Desde el oficialismo, Juan Fernando Flores, de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), denunció también que el propósito es “volarse cuatro consejeros y constituir una nueva mayoría” para la elección de las autoridades de control.Él y su coidearia Ana Belén Cordero pidieron que el asambleísta Luis Almeida (PSC) se abstengan de votar, pues Sofía Almeida es su sobrina y ello implicaba un conflicto de interés.Almeida no participó de esa votación, confirmó el jefe de bancada del partido, Esteban Torres, para evitar posibles reclamos futuros o acciones legales.Desde UNES, la legisladora Pamela Aguirre pidió a sus colegas que no “tengan miedo” de votar por enjuiciar a los consejeros, pues no habrá ningún juicio internacional que pueda terminar con una sanción económica futura.Antes de resolver sobre la moción de Pazmiño, se conoció el análisis jurídico respecto a la sustanciación de este juicio político, que pasó al pleno sin un informe de la Comisión de Fiscalización. Se menciona que el 8 de noviembre precluyó el plazo para tramitarlo y se podía remitir el informe a la Presidencia de la Asamblea Nacional.Ese día el informe, en el que se recomendaba que la Legislatura llame a juicio político a los siete vocales, no tuvo la votación para ser aprobado.Fue así como, el 9 de noviembre, en la Comisión de Fiscalización, el legislador Marco Troya pidió la reconsideración en la votación del informe y se aprobó con la decisión dirimente del presidente Fernando Villavicencio.Sin embargo, ese documento había sido enviado a la Presidencia a las 15:50 de ese día “fuera del plazo fatal”.La conclusión jurídica de la Presidencia de la Legislatura señala que el expediente debió ser remitido con las posiciones de los asambleístas de la Comisión para que el pleno resuelva, “ya sea el archivo o el juicio político”.No obstante, se observa que hasta el 8 de noviembre, la mesa legislativa “no aprobó dentro del plazo el informe correspondiente, por lo que el presentado el 9 de noviembre es extemporáneo; y que hasta el 10 de noviembre no se envió un informe que detalle las posiciones de los asambleístas de la comisión”.En esa línea fue el pleno de la Asamblea el que resolvió y llamó a juicio político a los cuatro vocales del CPCCS. (I)

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