Los vuelos de deportación de EE. UU. con migrantes llegan a Ecuador de manera regular desde 2005 y en los últimos años su frecuencia se ha incrementado a un promedio de dos por semana, de modo que en 2023 arribaron más de 18.400 deportados, y en 2024, más de 13.600. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca provocó temor en las comunidades inmigrantes debido a su política migratoria.
En respuesta a estas deportaciones, el gobierno de Daniel Noboa implementó el programa Ecuador es Tu Hogar para migrantes retornados desde ese país. Entre las acciones se encuentra una transferencia de $ 470 mensuales durante tres meses al registrarse en el sitio ecuadorestuhogar.inclusion.gob.ec.
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El ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, cuenta a EL UNIVERSO que actualmente 266 personas deportadas se han acogido al programa y que el Estado ofrece un acompañamiento integral que incluye asistencia psicológica y apoyo en la reinserción.
¿Qué requisitos deben cumplir los migrantes deportados para acceder al beneficio económico temporal?
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Conforme lo establece el artículo 2 del Decreto 521, los requisitos son básicamente haber sido deportado de los Estados Unidos de manera forzada, no haber cometido un delito en los Estados Unidos ni en el Ecuador y no recibir ninguna otra transferencia monetaria por parte del Estado, es decir, no constar en la base del Registro Social para bonos o pensiones. El beneficio es voluntario, no se lo otorga de manera directa, sino que implica un proceso de inscripción en el que el migrante plantea la voluntad de acogerse al programa, que es temporal y condicionado. Este programa lo que busca es, en primera instancia, tener ubicada a la persona que haya retornado y tener una relación constante entre el Estado, para no solamente brindarle el pago de la remuneración mensual, sino además vincularla a otros procesos, como los de capacitación y los que estamos trabajando ya con el Ministerio del Trabajo. En los próximos dos meses se tendrán egresados del programa para vincularse a trabajos, tanto en servicio público como en empresas privadas a trabajos formales.
¿Cómo funciona el acompañamiento integral que reciben los deportados?
Son tres momentos en los que el Estado interviene junto con la persona en movilidad humana. El primero es cuando el ecuatoriano está en el exterior, ahí actúan dos grandes instituciones: el Ejecutivo, en general, a través de la Cancillería, cuando el migrante está fuera del país. Ahí interviene el apoyo del médico consular a través de la Cancillería y la Defensoría del Pueblo, que tiene competencia constitucional. El segundo momento es de primera acogida, es el momento de llegada de los migrantes. En él intervenimos las instituciones del sector social y la Cancillería como un primer filtro que se hace en ese momento, se identifica la situación en la que está, la situación jurídica en la que están las personas en movilidad, en las que llegan, si tienen cédulas, si tienen identificación, si en realidad son ecuatorianas, etcétera. Se hace una atención psicológica por parte del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que puede ser una atención puntual o sostenida, dependiendo de la capacidad de resiliencia que tienen las personas al llegar o si se encuentran en un shock emocional por la misma situación de deportación forzada. Cerca del 65 % de las personas que llegan en el vuelo de deportación han recibido esa atención y, además, posteriormente se hace una atención sostenida. El Ministerio de la Mujer en los últimos dos meses ha atendido a 404 personas.
¿Cuántos deportados se espera que se acojan al beneficio y hasta cuándo estará vigente?
El programa es temporal para el migrante, pero no es temporal para la aplicación del mismo, es decir, no tiene un tiempo determinado para que este programa termine. Es decir, este año se han garantizado los recursos y el presupuesto, y el próximo año se seguirá haciendo así, mientras la norma siga vigente, es decir, el Decreto 521. En estos momentos tenemos 266 personas que ya han sido vinculadas y ya se encuentran ejerciendo las actividades con la Secretaría de Riesgos. Es más, en El Oro estuvimos con los primeros vinculados, trabajando en la mitigación y control de los riesgos naturales, y nosotros esperamos que en promedio este sea el número mensual de vinculaciones, es decir, que alrededor del 30 % al 35 % de los que han vuelto se vinculen al programa.
¿Cómo responde a las críticas que surgen de que estas acciones podrían tener fines electorales?
No solamente la emisión de este programa, también otras acciones que ha llevado el sector social del Gobierno se han visto así, y mi respuesta siempre ha sido que por estar en campaña política no podemos apagar al Gobierno nacional y, peor aún, la ayuda y la asistencia social del MIES. Estará activo y pendiente las 24 horas del día de las necesidades que tengan las personas más vulnerables. Y le recuerdo a la ciudadanía que el MIES tiene una obligación constitucional de ayudar a personas en extrema pobreza y personas de atención prioritaria y vulnerabilidad, que son aquellas que, sin importar la situación política que vivamos, tienen necesidades permanentes. (I)