Hacer oposición, un derecho constitucional de las agrupaciones políticas al que se acogió Construye

Los comicios los consagraron como la segunda fuerza de la Asamblea Nacional, pero al cabo de pocas semanas han terminado divididos y aislados. Frente a ello, el movimiento Construye sorprendió el miércoles 15 de noviembre pasado autoproclamándose como un movimiento de oposición, pero aclaró que no del gobierno de Daniel Noboa, sino del primer bloque legislativo, sus colegas del correísmo.

En la Constitución, la oposición está concebida como un derecho de los movimientos y partidos políticos, el cual está regulado en el Código de la Democracia. Esta norma reglamenta la posibilidad de hacer oposición al Ejecutivo y a los gobiernos autónomos descentralizados, sin sufrir represalias. No está prevista la oposición a bloques legislativos.

El analista político Luis Córdova Alarcón, profesor investigador de la Universidad Central del Ecuador, sostiene que “la única forma lógica desde el punto de vista político es que ellos (Construye) se propongan hacerle oposición al gobierno, pues eso está legitimado en la Ley”.

Sin embargo, él entiende por qué Construye optó por declararse como opositor al correísmo. Desde su perspectiva, ese movimiento no obedece a unos lineamientos ideológicos claros, sino que aglutina a diferentes grupos que se unieron bajo la figura de Fernando Villavicencio, quien fue su candidato a la Presidencia y fue asesinado por sicarios antes de los comicios de la primera vuelta.

Tras el crimen, afirma Córdova, el movimiento quedó con un vacío de liderazgo y, para llenarlo, optó por insistir con el discurso de Villavicencio, el anticorreísmo. De ahí que, desde el inicio, hayan establecido como su línea roja, un diálogo con ese sector.

Para Córdova, eso es un error. “La política es construir aproximaciones con los actores que está en el escenario (...). En cambio, lo que Construye plantea es que ellos son los buenos y los otros son los malos, y que ni siquiera se van ni a reunir con ellos. Con eso los desconocen como actores políticos, pero nos guste o no lo son. (...) Y, por ello, terminan aislados (...). Construye tiene orfandad de alguien que haga política”, concluye.

La declaratoria de ese movimiento se hizo horas después de que transcendiera el acuerdo logrado entre la Revolución Ciudadana (RC); el partido de gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN); y el Partido Social Cristiano (PSC).

En su proclamación, Construye dejó claro que su oposición es “a la impunidad, al autoritarismo, a la corrupción, a la concentración de poder”. Y se reafirmaron en una agenda legislativa alrededor de la inseguridad, el desempleo, la no impunidad y una justicia independiente.

Los dos primeros temas de esa agenda también son parte del acuerdo tripartito entre ADN, RC y PSC, según ha trascendido. Los otros dos puntos (no impunidad e independencia judicial) parecen estar intocados en ese consenso.

Por el contrario, ya hubo un cruce de opiniones al respecto entre los líderes de las tres organizaciones políticas, a propósito de un posible juicio en contra de la fiscal general, Diana Salazar. Daniel Noboa y Henry Kronfle (PSC) rechazaron esa propuesta que fue alentada por el expresidente Rafael Correa.

Incluso, el miércoles 15, cuando el nuevo mandatario recibió las credenciales, manifestó: “No tenemos líneas rojas para dialogar, pero jamás estaremos por la impunidad”.

Al respecto, Ana Galarza, asambleísta electa por Construye, muestra su inconformidad. “A nosotros nos hubiera encantado que el Gobierno pueda hacer un frente común propaís en contra de la impunidad”, afirma y lamenta que el presidente electo haya preferido asegurarse una mayoría con el correísmo.

Sin embargo, Construye ha dejado claro que no rompe los puentes con el Gobierno. “Hasta el día de hoy no tenemos problema en que venga Valentina (Centeno), que es la vocera (de ADN) en la Asamblea Nacional, a socializar sus proyectos de ley. Si es algo bueno, contará con nuestro apoyo”, afirma Galarza.

Incluso sostiene que si el presidente electo hace propuestas coherentes y conversa con todas las fuerzas de la Asamblea, podría lograr una votación unánime para impulsar las enmiendas constitucionales que necesite y así evitar un gasto de $ 50 millones en la elaboración de una consulta popular.

“No es una oposición ciega. Tenemos motivos para no prestarnos a permitir que tengan una mayoría que busca lavarse las manos de todos los actos de corrupción que le han dañado al país”, apunta Galarza.

El acuerdo tripartito contempló la designación de las principales autoridades de la Asamblea y de los vocales de la Comisión de Administración Legislativa (CAL). La única vocalía que quedó pendiente fue, precisamente la de Construye, que designó a la asambleísta Amy Gende Córdova, pero no fue aceptada por el pleno de la Asamblea.

Aún queda por conocer cómo las tres fuerzas legislativas consensuaron las presidencias de las quince comisiones permanentes.

Galarza es consciente de que este acuerdo y la separación de sus diez legisladores, que prefirieron formar una agrupación bajo el paraguas de Gente Buena, no les dará una presencia abultada en las comisiones. Su objetivo es ocupar espacios, las comisiones de Biodiversidad, de Relaciones Internacionales y, de manera especial, en la de Fiscalización. “Nosotros representamos el legado de Fernando Villavicencio”, recuerda. (I)