Al menos $ 8,2 millones es lo que debe aún cancelar al Estado ecuatoriano el exvicepresidente Jorge Glas por los actos de corrupción cometidos cuando estuvo en funciones y que fueron sancionados por la justicia bajo los delitos de asociación ilícita relacionada con la trama de corrupción de Odebrecht y cohecho pasivo agravado investigado dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016.