De la “dinámica creatividad de los asambleístas” y los actores políticos penderá la decisión del presidente del Gobierno Guillermo Lasso de activar el instrumento constitucional de la disolución de la Asamblea Nacional o más conocida como muerte cruzada, que se cobijaría en la causal de impedir el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, la que no requerirá de un dictamen previo de constitucionalidad de la Corte Constitucional (CC).