Una “estrategia de resistencia milenaria, colectiva y civil para defender la vida frente a las amenazas a sus territorios” es como describe la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a la llamada “guardia indígena”.

Sus integrantes —en su mayoría jóvenes— usan un bastón, la lanza y el atzial como símbolo de su función, e incorporaron escudos de metal para protegerse de las bombas lacrimógenas y los toletes.

Ya se los ha podido visualizar en algunas de las protestas de Imbabura y Cotopaxi desarrolladas durante la primera semana del paro nacional convocado por la Conaie en rechazo al aumento del precio del diésel.

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Este mecanismo se implementó durante el paro de octubre del 2019, en el régimen de Lenín Moreno, en protesta por la eliminación de los subsidios a los derivados de petróleo. En ese entonces, la concentración de las bases se dio en el ágora de la Casa de la Cultura, en Quito, y los guardias tenían como misión evitar la “infiltración” de miembros de la fuerza pública, controlar y vigilar a los representantes de medios de comunicación y también estar en primera línea para enfrentar a la Policía Nacional.

Su protagonismo creció en junio del 2022, cuando se produjo una segunda paralización, pero en contra del exmandatario Guillermo Lasso, quien resolvió liberar los precios de los combustibles. En ese espacio de tiempo transcurría la presidencia de Leonidas Iza en la Confederación, y estos equipos de seguridad lo acompañaban y protegían.

En septiembre del 2022, la Conaie expidió un mandato de la guardia indígena, que reconoce su existencia como un derecho constitucional a la libre determinación y de resistencia ante los actores externos.

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La guardia indígena se define como un mecanismo ancestral, legítimo, de lucha, de vigilancia, protección y defensa de los territorios. Rechazan que se los relacione con el “terrorismo o narcotráfico”, ya que ese argumento busca “estigmatizarlos”, señala el mandato.

Como parte de sus tareas, deben defender los derechos colectivos: territoriales, comunitarios y de la naturaleza; y deben “vigilar el cumplimiento de obligaciones del Gobierno nacional en conjunto con las organizaciones indígenas”.

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Se definen como los “cuidadores y defensores de los derechos de nacionalidades y pueblos indígenas”.

Estos guardianes están para proteger a sus pares de las acciones del Estado, de la delincuencia, de la extracción petrolera y minera que ronda sus límites territoriales. (I)