Los porcentajes no cuadran. En el consorcio C Quatro, que maneja un contrato de $ 5,4 millones de la Empresa Eléctrica Quito S. A. (EEQ), los socios se contradicen sobre los montos de su participación. En una entrevista con este Diario, a fines de julio, el procurador común del consorcio, Darwin Medina, aseguró que Sadiel Álvarez Leiva tiene el 85 %. Sin embargo, posteriormente Mauricio Macas Torres, representante de Intercorpbussin Cía. Ltda., otra asociada, señaló que esta compañía tiene el 50 %.
Nuevamente consultado sobre el tema, Medina insistió en que la participación es 85 % para Álvarez Leiva, 10 % de Intercorpbussin y el 5 % restante de Óscar Mallitasig Panchi.
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La obra, que se encuentra en plena ejecución junto al parque La Carolina, comprende el soterramiento de cables, la construcción de cámaras de transformación (cajas subterráneas para transformadores) y cambio de alimentadores y cables. Los trabajos se extienden entre las avenidas 6 de Diciembre, Los Shyris y Portugal.
En un recorrido por los trabajos, Sadiel Álvarez explicó que debido a la densidad poblacional del sector y la cercanía de las elecciones se debe coordinar con varias autoridades para poder ejecutar la obras por partes. Antes de las votaciones debía estar lista la parte de ingeniería civil de la Av. Eloy Alfaro, por ejemplo. El objetivo es aumentar la fiablidad eléctrica.
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Según Medina, la participación de Inercorpbussin es para el asesoramiento en la contratación pública. Pero de acuerdo con Macas, es para el aprovisionamiento de tubos.
Con un capital de $ 2.000, Intercorpbussin fue creada en 2009 por los hermanos Verónica y Xavier Guevara Salazar y Ulpiano Guevara Argüello. De acuerdo con la Superintendencia de Compañía, las acciones por $ 1.960 se vendieron en diciembre de 2022 a Mauricio Macas Torres, en tanto que en febrero de 2023, los $ 40 restantes pasaron a Darwin Medina, el procurador común del consorcio. De ese modo Macas quedó como socio mayoritario.
El primer traspaso ocurrió cuando ya se había presentado la oferta y el segundo cuando ya se había firmado el contrato. Posiblemente el trámite ante la Superintendencia duró más de lo esperado. Cuando se le preguntó a Macas Torres sobre su sociedad con los Guevara Salazar aseguró: “Yo compré esa empresa para el consorcio como proveedor de los tubos, me asocié para el contrato porque la compañía ya estaba en liquidación, pagué todas las deudas que había tenido para ser parte”. Añadió que él estaba en Loja y que ya había entregado todos los tubos para la obra.
Macas Torres también aparece como accionista de la firma Balanceconsult S. A. que tiene otro contrato con la EEQ, por $ 220.000 para una consultoría para la regularización y avalúo de predios de propiedad de la EEQ. El contrato se firmó el 17 de agosto del año pasado con el representante legal de la contratista César Paredes Gordillo.
En la Superintendencia de Compañías también se registraron cambios societarios en Balanceconsult, que tiene un capital de $ 120.000, entre la participación en el concurso con la EEQ y la firma del contrato. Paredes Gordillo adquirió $ 60.000 en julio de 2022, con lo que obtuvo el control total de la compañía, a Amparo Ramón Vacas. Y en octubre le vendió una de sus acciones a Macas Torres.
Sin embargo, Macas Torres aseguró a este Diario que él no tiene que ver con la empresa. “Yo había trabajado para ellos, por eso me dieron una acción y como ya solucionamos los temas, les devuelvo la acción y ya quedamos ahí”, añadió.
Los socios de estas empresas también están relacionados con otros contratos de la EEQ a través de otras compañías.
Xavier Guevara Salazar, exaccionista de Intercorpbussin desde diciembre pasado, tiene acciones desde la creación de Pamaux Ingenieros Cía. Ltda., que ganó un contrato para la etiquetación e inventario de materiales en las bodegas de la EEQ por $ 303.000. Según el registro societario, dejó de ser gerente de Pamaux en septiembre, un mes antes de que se firmara el contrato.
César Paredes Gordillo, en cambio, era accionista de la empresa Armimed Servicios Médicos Armimedsa S. A., desde su creación en septiembre de 2020 junto con Amparo Ramón Vacas (exaccionista de Balanceconsult S. A.). Armimedsa formó junto con el Instituto Cardiovascular Falconí ICVF S. A., el Consorcio Omega que firmó un contrato con la EEQ en agosto del año pasado para dar el servicio de exámenes preocupacionales, ocupacionales y de retiro al personal de la eléctrica.
En octubre del año pasado, dos meses después de la firma del contrato, Paredes vendió sus acciones y ahora las socias de Armimed son Amparo y Rocío Ramón Vacas, esta última solo con una acción.
Wilson Naranjo Borja, procesado por el caso Petroecuador, con contratos en la EEQ
Una de las actividades de Quality Intelligence Negocios Quintell S. A., empresa de Wilson Nicolás Naranjo Borja, procesado en el caso Petroecuador como cómplice de presunto cohecho, es el servicio para el sector eléctrico. Por ello, mantiene contratos con EEQ.
Desde el 2010, según Naranjo Borja, la empresa ha manejado contratos por unos $ 26 millones tanto en el sector público como privado.
En los contratos de la EEQ analizados por este Diario, Quintell consta con dos adjudicaciones: la primera para la construcción y remodelación de redes en Tumbaco por $ 865.000, y la segunda para la remodelación de redes de distribución y repotenciación de transformadores por $ 2,3 millones.
Ambos fueron firmados por Wilson Naranjo, accionista mayoritario de la compañía, creada en 2009. Tiene $ 400 de los $ 800 de capital. Su esposa compró $ 399 acciones en Quintell en 2019 y su hermano Mario $ 1 en 2021.
En una entrevista a Diario EL UNIVERSO, Wilson y Mario Naranjo señalaron que comenzaron con la lectura de medidores y luego los cambios y reubicación, y ahora están soterrando cables y construyendo estaciones subterráneas en el norte de Quito. Los primeros contratos con el sector público, recordaron, fueron en las provincias de Bolívar, Sucumbíos, Chimborazo y Los Ríos, y hoy su mayor contratante es la EEQ.
Mantienen otros dos contratos con el sector público: una consultoría con el Metro de Quito por la fisura de las viviendas en los sectores por donde pasa la vía subterránea, y otra para fiscalizar una obra civil que construye la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt) en Machala.
Subrayaron que nunca fueron accionistas de Quintell los hermanos Antonio y Ricardo Peré, que se han declarado culpables en Estados Unidos por canalizar sobornos y cobrar millonarias comisiones. También reconocieron que intermediaron entre las compañías estatales compradoras del crudo ecuatoriano sin concurso y la multinacional suiza Gunvor.
Wilson Naranjo reconoció que asesoró a Antonio Peré, por lo cual recibió pagos de este, y que tenía un poder para una de sus empresas. Su nombre aparece dentro del caso Petroecuador, pero él señaló que nunca estuvo relacionado con negocios de Petroecuador o Flopec.
A su vez, Mario asesoró a la entonces asambleísta Mireya Pazmiño en 2022 y ayudó a preparar el informe sobre las operaciones de Flopec que esta presentó a la Comisión de Régimen Económico, que presidía. Este informe abordó el contrato que Flopec mantiene con Amazonas Tanker, que fue motivo para el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, el que desembocó en la muerte cruzada.
Los Naranjo Borja aseguraron que la conocen de toda la vida por ser guarandeños. A raíz de una publicación de EL UNIVERSO sobre los chats de entre ambos hermanos, la Fiscalía abrió una indagación al respecto.
Wilson Naranjo reconoció que asesora desde 2019 a la griega Tsakos Energy Navigation en sus negocios en América del Sur, pero reiteró que no tiene relación con Flopec, a pesar de que una filial de esta multinacional es socia de esta empresa pública ecuatoriana.
“Es un contrato de servicios profesionales, de asesoría técnica, jurídica y económica con respecto al tema de sus negocios”, aseveró. (I)