A través de un comunicado emitido el 5 de marzo de 2025, la empresa Furukawa Plantaciones C. A. solicitó a la Corte Constitucional (CC) que se levante progresivamente la prohibición de enajenar bienes sobre 17 haciendas que son propiedad de la empresa para, a través de la venta de esos bienes, poder indemnizar a las 123 víctimas de esclavitud moderna.
En el comunicado, la empresa abacalera se comprometió con el cumplimiento de la sentencia de la CC emitida en diciembre de 2024.
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La empresa también informó que en coordinación con la Defensoría del Pueblo se encuentra verificando las cuentas bancarias de los beneficiarios para que Furukawa proceda con los pagos.
Además, la abacalera solicitó a la Defensoría que identifique a los beneficiarios que serán compensados con terrenos y si estos aún habitan en las 294 hectáreas que fueron ocupadas en 2019 por los trabajadores para evitar que la empresa elimine evidencias.
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La empresa Furukawa, de origen japonés, fue acusada en 2018 de esclavitud moderna y violaciones a los derechos humanos de sus trabajadores afrodescendientes e indígenas. La compañía operó por décadas bajo condiciones de explotación laboral extrema.
Según se denunció, los trabajadores vivían en campamentos sin acceso a agua potable, electricidad o saneamiento básico, y trabajaban sin contratos ni seguridad social. En 2021 se determinó que Furukawa había vulnerado los derechos de al menos 123 personas y ordenó reparaciones, incluyendo compensaciones económicas y disculpas públicas.
El caso marcó un precedente legal en Ecuador sobre la esclavitud moderna y la responsabilidad empresarial en la vulneración de derechos humanos. Actualmente, la empresa enfrenta procesos judiciales y administrativos, y el Estado ha sido llamado a garantizar justicia y reparación a las víctimas. (I)