Los cargos por presunto abuso sexual que se ventilan en la justicia ordinaria y el juicio político en la Asamblea Nacional por supuesto incumplimiento de funciones son parte de una “persecución política” en contra del defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Ese fue el principal argumento que se esgrimió este 31 de agosto en la Comisión de Fiscalización del Legislativo, en la que Carrión sostuvo su defensa en la etapa de presentación de pruebas de cargo y descargo sobre las que se sustancia esta interpelación política.