La fiscal Diana Salazar expresó su rechazo a las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que están a la espera de volver a ser debatidas en la Asamblea Nacional, y dijo que lo que buscan es cocinar una justicia a la carta. Por esta razón, desde ya está trabajando en la Fiscalía General del Estado para presentar una acción de inconstitucionalidad, aunque considera que lo primero sería el veto total de parte del presidente Daniel Noboa.
“Un código a la carta es lo que buscan. Tratan de incorporar una quinta causal en el caso del recurso de revisión que solo beneficiaría a quienes en los últimos cinco años han pretendido ser beneficiarios de esto. ¿Con qué fin? Anular las sentencias en firme, porque los juicios no han podido ser desbaratados por la contundencia de las pruebas”, explica.
Salazar concedió una entrevista al programa Políticamente correcto, de Ecuavisa, en la que dijo que la propuesta permitiría que cualquier relatoría de derechos humanos o Naciones Unidas pueda favorecer a los sentenciados y sus dictámenes los convierta en una especie de ultrajuez supranacional.
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En caso de que estas reformas se concreten, la fiscal sugirió al primer mandatario que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República analice al detalle su impacto, la connotación, las intenciones y el alcance, y que recomiende a Noboa un veto total.
“Pero en caso de que se llegue a publicar este mamotreto jurídico que intentan incluir en el COIP, la Fiscalía está preparando una acción de inconstitucionalidad”, adelantó, y subrayó que de momento no existen reformas que urjan al país y que le impidan avanzar.
En tanto, el debate sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal se suspendió el viernes, 16 de febrero, tras la exposición de las bancadas del PSC, Construye, independientes y de la Revolución Ciudadana, que no cedían en sus posiciones. Para el primer grupo de legisladores, el proyecto contiene temas complicados, imposibles de aprobar, que incluso atropellaban la Constitución e inclusive abrían la puerta a la impunidad, dijeron.
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En el otro sector, el correísmo insistía en que llama la atención que organismos internacionales de derechos humanos puedan revisar las sentencias penales en las que claramente se habrían cometido violaciones de procedimientos y atropellos a los derechos de los procesados.
Para evitar que el proyecto sea archivado, como fue el planteamiento del movimiento Construye, se suspendió la sesión 900 hasta encontrar consensos. (I)
