En el cuarto día de audiencia de juzgamiento contra siete integrantes del Movimiento Guevarista y dos dirigentes indígenas acusados del delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados, la Fiscalía continúa con la presentación de su prueba testimonial. La diligencia se instaló el 10 de marzo pasado y se realiza en la sala 207 del Complejo Judicial Norte, en Quito.
El Tribunal de Juicio está integrado por los jueces penales de Pichincha Fanny Altamirano (ponente), Luis Fuentes y Edmundo Samaniego. La tarde del lunes último, la tercera jornada de audiencia se suspendió debido a problemas para conectarse con el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, lugar en el que están detenidas algunas de las personas procesadas.
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Hasta el momento la Fiscalía ha presentado seis testimonios y arrancó la mañana de este martes 11 de abril con la participación de un perito. También han participado agentes de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO), encargados de la vigilancia y seguimiento de los procesados.
Según Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogada del procesado Ernesto F., miembro del Movimiento Guevarista, se evidencia que la teoría del caso de Fiscalía no materializa una verdadera individualización en la presunta responsabilidad penal de cada uno de los procesados. Las acusaciones fiscales en este tipo de delitos cumplen con un patrón injustificadamente punitivo que enmarca a los procesados en una misma conducta y rol sobre los hechos que se investigan. Sostiene que esto representaría una vulneración al debido proceso y e igualdad en una etapa de juzgamiento.
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El 11 de noviembre pasado, la jueza penal de Pichincha Ana Cristina Guerrón emitió un auto de llamamiento a juicio contra los nueve involucrados, por encontrar elementos suficientes que hacen sospechar de la relación de los mismos para cometer la ilicitud que se les acusa. Guerrón llamó a juicio a Omar C., Ernesto F., Carlos C., Silverio C., Nelly Y., Gabriela G., Juan B., Alexis M. y Cristian C.
La fiscal Ana Hidalgo presentó contra los acusados elementos de convicción como una asistencia penal internacional remitida por la Fiscalía de Colombia, a través de la cual se envió información sobre el grupo disidente denominado Segunda Marquetalia, en la que se señala el territorio donde opera. Además, detalles de vigilancias y seguimientos realizados a tres de los acusados en Ecuador, con los que se evidenciaría la existencia de reuniones con los jefes de este grupo disidente del vecino país.
También se establecieron los desplazamientos que tenían desde Ecuador hasta Colombia y su posterior llegada a Arauca, frontera con Venezuela, y la ruta técnica de los teléfonos celulares, así como el análisis de la información de las comunicaciones con los líderes guerrilleros. La Fiscalía informó que a estos elementos se sumaron los movimientos migratorios de los acusados y de las víctimas, versiones de las víctimas, análisis telefónicos, informes de pericias psicológicas y de entorno social, pericias de cotejamiento de voces, pericias de audio, video y afines de los teléfonos celulares incautados a los acusados en los allanamientos efectuados... (I)