‘Depuración’ de la lista de 75 candidatos a ser fiscal general se inicia con comisión incompleta y reclamos de la veeduría

Con una comisión ciudadana incompleta, reclamos por el incumplimiento de plazos, dudas de la transparencia, renuncias y gritos empezaron a correr los diez días término para revisar las carpetas de 75 candidatos inscritos en el concurso público para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado para un periodo de seis años.Con cuatro días de retraso, este 10 de marzo de 2026, la comisión ciudadana empezó con la verificación del cumplimiento de 25 requisitos que deben acreditar los 75 abogados que se postularon en este concurso público de méritos, oposición e impugnación para elegir al reemplazo de la exfiscal Diana Salazar.El reglamento para la selección de esta autoridad establece que al concluir la primera fase de postulación, la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) —organismo que vigila a las comisiones ciudadanas— entrega los expedientes a los comisionados, corre un término de diez días para la revisión del cumplimiento de requisitos. Luego, hay otros tres días para que la comisión elabore el informe de admisibilidad, que será una ‘depuración’ de aquellos que pasan a la etapa de calificación de méritos. Previamente, la norma da un día para que la comisión reciba las carpetas. Es decir, las postulaciones al concurso se cerraron el 3 de marzo, pero recién el 9 de marzo el CPCCS cumplió con este traspaso de documentos. Este martes se instaló una reunión de trabajo para repartirse las 75 carpetas, pese a que la comisión está incompleta: la Función Judicial no tiene un delegado y se desconoce cuándo el CPCCS nominará a un principal y suplente. Las comisiones ciudadanas se componen de diez personas: cinco que representan a la “ciudadanía” y cinco que son delegadas que envían las funciones Ejecutiva, Legislativa, Electoral, de Transparencia y Control Social, y la Judicial. La semana anterior renunció Natalia Guarnizo, quien fue designada comisionada principal, y lo reemplazó Santiago Ribadeneira, quien también renunció este lunes. Los dos son funcionarios de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana debe realizar un nuevo proceso de selección de comisionados, que comprende la revisión de requisitos y hacer la impugnación ciudadana para tener un nuevo comisionado que representa a esa función. En los casi dos meses de funcionamiento de este cuerpo colegiado, hubo dos renuncias y la destitución de Wellington Andachi, porque se ausentó tres días, debido a que sufrió un derrame cerebral. Aunque Santiago Ribadeneira renunció, se presentó a la reunión y se excusó de recibir expedientes para evitar reclamos posteriores. Sin embargo, acompañó a la comisión durante todo el día. En todo caso, las 75 carpetas se dividieron así: seis comisionados revisarán ocho expedientes y tres comisionados revisarán los de nueve concursantes.La revisión de las hojas de vida de los perfiles más visibles la tendrán que realizar los comisionados que provienen de la “ciudadanía”. Así, el expediente del actual fiscal subrogante, Leonardo Alarcón Argudo estará en manos de la comisionada Erika Aguagüiña, graduada en la Universidad Uniandes en el 2021, que hasta el año pasado laboró como asesora legal de Ecuacuy, un emprendimiento en Ambato (Tungurahua). Los documentos del exministro de Gobierno de Daniel Noboa y excandidato a ser fiscal en el 2018 José de la Gasca los revisará el comisionado Hugo Ludeña, excandidato a ser vocal del CPCCS en el 2019.Otra de las candidatas es la jueza de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho, cuyos documentos serán revisados por Cynthia Jacho, con título de abogada obtenido en el 2022 y que se ha desempeñado como abogado júnior y asistente en estudios jurídicos. La jornada de este martes para los comisionados fue intensa debido a las exigencias de varios de los miembros de la veeduría ciudadana que vigila que el proceso se lleve con transparencia, quienes no tienen ni voz ni voto en las decisiones de las autoridades. Los reclamos se deben a la logística.El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, ofreció (al inicio del concurso) que la comisión tendría un espacio para trabajar en el antiguo edificio, ubicado en el centro de Quito, en Santa Prisca. Sin embargo, se los ubicó en una pequeña oficina en la nueva sede, en el norte de Quito. Incluso con fines de seguridad, se conoció.Allí se ubicó una mesa de reuniones y algunas sillas para la presencia de los veedores que, según las cifras oficiales, son 324 los que pueden observar el procedimiento. El coordinador nacional de la veeduría, Hugo Arteaga, llamó la atención de que esta primera tarea dentro del concurso empiece con una comisión ciudadana incompleta y con la demora en la entrega de los expedientes. “Estamos preocupados por la falta de un comisionado. Ya no habría razón de que se nombre uno, porque los expedientes se sortearon y repartieron entre los comisionados. Entonces, la persona que venga, qué actividad va a cumplir”, dijo.Alertó de que durante los últimos cinco días —entre el 4 y 9 de marzo— se desconoce cuáles fueron los mecanismos de vigilancia de los 75 expedientes que dejaron los candidatos. Tampoco pudieron certificar que cada una de las hojas que presentaron los concursantes fueron foliadas por los funcionarios del CPCCS. En esos días, el Consejo justificó que las carpetas estaban siendo traídas desde las provincias y estaban en proceso de digitalización. “Dijeron que había expedientes que estaban siendo traídos desde Santo Domingo de los Tsáchilas y se demoran en traerlos. El jueves pasado debía iniciarse esta fase, pero el viernes se quedaron callados, el sábado, domingo... Esto despierta preocupación”, opinó Julio Aguilar, secretario de la veeduría. Quien preside este órgano, Cynthia Jacho, ignoró las preguntas de los periodistas, al igual que los otros ocho comisionados, respecto del proceso.Poco antes del mediodía, Jacho permitió el ingreso de los veedores a esa oficina que exigían se les permitiera estar junto con ellos para ver cómo se revisan los expedientes. “Sin veeduría no hay concurso”, reclamaban.“No nos permiten ni siquiera que nos entreguen los expedientes”, refutó el delegado del Gobierno, David Flores, funcionario del Ministerio de Desarrollo Humano, y al escuchar una interrupción levantó la voz a la veedora: “¡Me va a dejar hablar!“, la regañó y la mujer se calló. “Déjennos trabajar... Si querían ser parte de esta comisión, con gusto...”, les reclamó Christian Arpi, uno de los seleccionadores. “Déjenme hablar”, decía un veedor. “Usted déjeme hablar, no le voy a permitir que me trate así” eran los reclamos entre veedores y comisionados. Finalmente, algunos de los veedores se sentaron junto a los comisionados para la revisión de los papeles que siguió en jornada extendida. (I)

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