La calificación de las hojas de vida de las 28 personas que compiten por conducir la Fiscalía General del Estado avanza sin la participación del delegado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que es el representante de la Función Judicial. Así también, persisten reclamos entre los integrantes de la veeduría por una posible falta de transparencia, a lo que se suman las alertas de grupos de la sociedad civil.
En las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en Quito, nueve (de diez) miembros de la comisión ciudadana, encargada de organizar las cinco etapas del concurso público de méritos, oposición e impugnación para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía, se mantienen en una reunión de trabajo ‘permanente’ para calificar las carpetas de los 28 aspirantes al cargo.
En esta tercera etapa y luego de tres meses del funcionamiento de esta comisión, el CPCCS no agiliza la elección del representante principal y suplente de la Función Judicial, en reemplazo de los funcionarios de la Corte Nacional de Justicia, Natalia Granizo y Santiago Ribadeneira, que renunciaron apenas se inició el proceso.
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Marco Rodríguez, presidente de la CNJ, es la máxima autoridad de la Función Judicial y, para reemplazar a los dos excomisionados, nominó a Eliana Jaramillo Loayza y a Luis Flores García, quienes deben superar la fase de admisibilidad, en la que se revisa el cumplimiento de requisitos y no estar incursos en inhabilidades; y, la impugnación o escrutinio público.
Las carpetas de Loayza y García llegaron el 19 de marzo al Consejo. El 25 de marzo se envió a un equipo técnico (que lo integran siete asesores de confianza de los consejeros) para que revisen el cumplimiento de los requisitos.
Desde entonces, se desconoce si pasaron la etapa de admisibilidad o les falta documentación.
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Así también está pendiente elegir a un comisionado suplente delegado de la Función Legislativa.
La comisión tiene hasta el 6 de mayo para concluir con esta actividad, ya que el reglamento concede el término de diez días (hábiles) para consignar las calificaciones. Luego se abrirá una fase de recalificación.
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Durante sus reuniones, los comisionados subsanan dudas entre sí de cómo deben puntuar determinados ítems.
Por ejemplo, Ericka Aguaguiña se mostró confundida si debía calificar la experiencia de un aspirante desde que era amanuense en la Fiscalía, pero no tenía título profesional.
Su inquietud se produjo pese a que la Constitución, la ley y el reglamento establecen que los diez años de trayectoria se puntúan desde que se ha obtenido el título de tercer nivel.
Así también, la comisionada Cynthia Jacho consultó si se calificaba un reconocimiento o el certificado que daba el reconocimiento.
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Altercados entre comisionados y veedores y entre veedores
Este 23 de abril, antes de reinstalarse, Cynthia Jacho advirtió a los veedores que no se les admitirá “manifestaciones verbales no sustentadas ni afirmaciones que carezcan de respaldo”.
Puntualizó que de haber inquietudes se recibirán por escrito y a través de los mecanismos oficiales, de lo contrario, se aplicarán las sanciones previstas por el reglamento que rige a estos actores.
Enseguida, la veedora Luz Montero Silva —quien ha sido parte de varias veedurías de elección de autoridades— defendió a los comisionados y reclamó a los que se oponen de que se toman el nombre de la veeduría para hacerlos quedar en vergüenza.
“(...) Se cogen el nombre de la veeduría. Nos faltan el respeto... a la institución. Yo no he visto... como vienen vociferando afuera... Aquí se ha trabajado con transparencia. Aquí no se ha alterado nada, por uno o unos cuantos veedores tenemos que pasar vergüenzas ajenas. Es hora de poner un alto”, le sugirió Montero a Jacho.
Estas advertencias se hacen a raíz de que el nuevo coordinador de la veeduría, Guido Egas, tuvo un altercado con el comisionado enviado por la Función Ejecutiva (Presidencia de la República), David Flores, el martes anterior, durante la asignación de los expedientes para la calificación.
Egas exponía sus preocupaciones y dudas, porque las hojas de vida de José de la Gasca, exministro de Gobierno de la Administración de Daniel Noboa; y de Leonardo Alarcón, actual titular subrogante de la Fiscalía, recayeron en Flores para su calificación.
En paralelo, la comisión de seguimiento al concurso de fiscal expuso su inquietud sobre este sorteo en un comunicado público.
Fiscalización a las comisionadas Cynthia Jacho y Ericka Aguaguiña
El asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana (RC) Luis Molina, como parte de un proceso de fiscalización, solicitó información de cómo se calificaron las carpetas de Cynthia Jacho y Ericka Aguaguiña.
Molina pidió al consejero Roberto Gilbert y a una funcionaria del Consejo de Participación Ciudadana, Angie Falconí, que expliquen cómo se concedieron puntos por certificados de cursos virtuales de 120 horas que siguieron las dos en un mismo periodo y en una misma plataforma denominada AinaGroup.
Falconí fue parte del equipo técnico que sirve de apoyo a los consejeros y, en delegación de Gilbert, para revisar las carpetas de los aspirantes a comisionados ciudadanos. (I)
