El bloque de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) protegió el proceso de conformación de la comisión ciudadana, que se encargará de la elección del titular de la Fiscalía General del Estado, de posibles irregularidades que advirtió un grupo de veedores ciudadanos que fue acreditado por el mismo Consejo.
Este miércoles se presentó un informe individual de una veedora llamada Yadira Cadena Cevallos, quien fue sobreseída por oferta de tráfico de influencias en el caso Balda.
La mujer pidió al CPCCS que inicie la pérdida de calidad de veedor del coordinador de la veeduría ciudadana, Hugo Arteaga, por extralimitarse en sus funciones; así también, que se “impida que se conozca o valide” cualquier informe que no tenga la mitad más uno de los votos de los 324 veedores.
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En la “casa de la participación ciudadana”, como la denomina Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, este 28 de enero de 2026, un grupo de veedores fue interpelado por cuatro de los consejeros que forman la mayoría tras enumerar una serie de inconsistencias en lo que fue el proceso de selección de los diez integrantes de la comisión que hará el concurso de méritos, oposición e impugnación, del que saldrá un nuevo fiscal general para Ecuador.
El coordinador de la veeduría, Hugo Arteaga, fue citado a comparecer ante el pleno para que exponga su informe parcial de la primera fase del concurso, que fue la conformación de la comisión ciudadana que estuvo a cargo de un equipo técnico que lo componen siete asesores de cada uno de los consejeros, y que sirven de “apoyo administrativo”.
Detalló que se enviaron 28 comunicaciones a los consejeros en las que se alertaba de hechos anómalos, como el ingreso de documentos que faltaban a varios postulantes fuera de los plazos estipulados en el reglamento, pese a que está prohibido.
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También dijo que se “omitieron” etapas reglamentarias respecto de cumplir plazos; la detección de una posible alteración de resultados en la carpeta de un candidato, que en un primer momento apareció como inadmitido y luego como admitido.
Para vigilar la transparencia del concurso de selección del fiscal general, el CPCCS acreditó a 324 veedores ciudadanos, de los que 46 habían aprobado el informe presentado por el coordinador, Hugo Arteaga.
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A la sesión de este 28 de enero asistieron Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero, y su coideario Roberto Gilbert no asistió.
También, las consejeras Piedad Cuarán y Nicole Bonifaz, y todos hicieron preguntas.
Jazmín Enríquez increpó al veedor si su informe se difundió a los más de 300 veedores ciudadanos y él reconoció que no, porque no conoce a todos los observadores ni tuvo contacto con todos ellos.
El consejero Andrés Fantoni le recriminó de dónde sacó la información de que se amplió el plazo para recibir documentos de los concursantes y lo instó a que le entregue el documento con las firmas de los veedores que aprobaron dicho informe y cuándo se socializó.
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“Fechas... ¿Hubo votación? O sea, de 324 veedores... ¿hubo la mitad más uno de los votos?“, reprendió Fantoni, quien además desafió al veedor a que diga si su trabajo de vigilancia fue legal o ilegal.
En el turno de la consejera Johanna Verdezoto, preguntó a Arteaga si estaba de acuerdo con el informe de una veedora que expondría sus conclusiones después de él.
“Al escuchar a la siguiente veedora, ¿considera que va a ratificar su informe?”, le dijo Verdezoto.
Arteaga le contestó que no sabía ni de quién se trataba, pues la ciudadana no hacía aún su exposición.
Apenas acabó de hablar el coordinador de la veeduría, se presentó la veedora de la que hablaba Verdezoto para exponer su “informe individual”.
Su conclusión fue que el proceso de selección de los comisionados se hizo con transparencia.
La veedora es Yadira Cadena Cevallos, quien fue abogada del expresidente de la República Rafael Correa en el denominado caso Balda.
La mujer fue procesada por el delito de oferta de tráfico de influencias por ese caso, pero sobreseída en el 2019, luego que la exfiscal Ruth Palacios emitió un dictamen abstentivo.
A Cadena se la vinculó al caso Balda en el 2018 porque junto con la exasambleísta de la RC Sofía Espín fueron a la cárcel en donde se encontraba Diana Falcón, procesada por el plagio del activista político Fernando Balda.
En ese entonces, la veedora —que era parte del estudio jurídico de Caupolicán Ochoa— junto con Espín pidieron hablar con Falcón para pedirle que se retracte de su testimonio en contra de Rafael Correa.
Según el expediente, a Falcón le habían ofrecido darle un abogado y tramitar un asilo político en Bélgica.
Cadena aseguró que las actuaciones en la conformación de los comisionados fueron transparentes y pidió al Consejo que declare que Arteaga se extralimitó en sus funciones y que se violó el reglamento que rige a las veedurías.
Por ello, consideró que debería perder su calidad de veedor.
Adicionalmente, solicitó a los consejeros que invaliden cualquier informe que hagan las veedurías que no tenga la mitad más uno de la votación.
A ella le siguieron otras dos mujeres que afirmaron también que la elección de los comisionados fue transparente y apegada al reglamento.
Después de esta sesión se produjo la primera reunión de la comisión ciudadana de selección del fiscal, en la que se eligió a Cynthia Jacho como presidenta, quien es representante de la “ciudadanía”; y como vicepresidente a David Flores, viceministro en el Ministerio de Inclusión Económica y Social que dirige Zaida Rovira y que está en delegación del gobierno de Daniel Noboa.
David Flores actuó, aunque se desconoce si fue posesionado por el pleno del CPCCS, ya que no asistió al evento oficial que se hizo el 22 de enero. (I)
