En el quinto mes entró la investigación previa abierta por la Fiscalía, el 18 de diciembre pasado, por el delito de tráfico de influencias, luego de que se conocieran de supuestas amenazas y amedrentamientos contra el juez anticorrupción Carlos Serrano para modificar una decisión judicial en torno a una causa por lavado de activos relacionada con el narcotráfico que estaba en sus manos y en la que era procesado el serbio Jezdimir Srdan.
Serrano, entonces juez del Tribunal de Garantías Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, denunció que desde noviembre de 2025 se dieron contra él presiones internas, amenazas y falta de garantías para seguir juzgando dentro de una causa relacionada con el crimen organizado. De lo que sucedía con el magistrado se conoció a través de una columna de opinión del penalista Felipe Rodríguez en el portal digital Primicias.
El origen de las amenazas y las presiones:
El origen de las amenazas contra el en ese momento juez Serrano sería la sentencia que emitió siendo parte del Tribunal de Juzgamiento del caso Euro 2024 contra el serbio Srdan y otras tres personas ubicadas como autores directos, a quienes se les impuso una pena de diez años de cárcel. Todos ellos, además de tres personas jurídicas, habrían intervenido en la trama criminal en la que se usa para ocultar capitales ilícitos a empresas, transferencias internacionales, adquisición de bienes y maniobras societarias irregulares.
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Días antes al 21 de noviembre de 2025 cuando se sentenció al serbio, un alto funcionario del Consejo de la Judicatura (CJ) habría citado a Serrano fuera del Complejo Judicial, en Quito, para hablar con otras personas. El juez anticorrupción se habría negado a esa cita, pero luego lo contactaron en su despacho para hacerle ‘recomendaciones’. Por su seguridad, el juez Serrano habría grabado toda la conversación.
El funcionario en cuestión habría sido Henry Gaibor, director de Pichincha del CJ en el ámbito administrativo. El 22 de diciembre pasado se conocieron tres audios en los que intervendría el juez Serrano y, en el primero, el aún director Henry Gaibor, amigo personal y mano derecha de Mario Godoy, en ese momento presidente del CJ. Los otros dos audios tienen que ver con llamadas de una funcionaria de la Judicatura que le insiste al magistrado para que vaya al despacho de Gaibor.
El audio relacionado con Gaibor habría sido grabado el 11 de noviembre pasado en el despacho del entonces director provincial de la Judicatura en Pichincha. En ese encuentro, Carlos Serrano no habría recibido órdenes directas, pero sí insinuaciones encaminadas a que se tomen en cuenta los argumentos de la defensa del serbio Srdan en el caso Euro 2024.
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El contenido de los audios analizados por la Fiscalía:
Gaibor dice: “El pedido como tal, no me dijeron así o asado, en absoluto. (...) Solamente que le ponga atención que es una defensa muy particular, pero que esta persona podría delatar quién habría contaminado. Insisto, espero estar dando bien el mensaje”. El juez Serrano le contesta: “Entiendo, entiendo. Lo que corresponda resolver, doctor”.
El entonces director del CJ en Pichincha le vuelve a decir al juez: “Tranquilo, yo solo cumplo con pasarle el mensaje. Pero me dijeron, por favor, es un caso muy particular. Que es un tema creo que le han cogido por narcotráfico o lavado de activos, pero en realidad es narcotráfico o algo así. Pero sabe que soy medio malo para eso, porque no soy penalista, puedo equivocarme en los términos, solamente que le ponga un poco de atención al tema, nada más, yo sé que ustedes revisan y lógicamente la acuciosidad del caso, pero me dijeron: un poquito más de atención a la defensa que habrían planteado”.
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Este y otros audios estaban en poder de Serrano, quien dejó el país por las condiciones de riesgo que mantenía. Desde el extranjero, el hoy exmagistrado, a mediados de enero pasado, hizo entrega a la Fiscalía de su teléfono celular en el que reposaban todos los audios que revelarían las presiones que recibió desde la Judicatura para favorecer al serbio Srdan. Serrano ya ha entregado su versión en la que ha definido nombres, horas y lugares en los que sucedieron los hechos que denuncia.
En total serían cinco grabaciones realizadas por Carlos Serrano mientras era juez anticorrupción. El contenido de estos audios ya habría sido extraído y escuchado por las partes en una audiencia reservada que estuvo dirigida por la fiscal de la causa, Mónica Tirado. El contenido de estos audios no ha podido ser público porque la causa sigue bajo la reserva de ley que se establece para la fase preprocesal de investigación previa.
Desde la Fiscalía se ha convocado a rendir versión, pero ha sido una constante que la mayoría de los llamados no asistan.
El trámite administrativo-disciplinario en el CJ:
Ante la exposición pública de varios audios, el pleno del CJ el 22 diciembre pasado solicitó la renuncia a Gaibor, quien en la tarde de ese mismo día confirmó haber dejado el cargo. En un comunicado el exfuncionario judicial habló de los resultados que obtuvo desde agosto de 2024 cuando asumió funciones, pero no hizo referencia a los audios en los que intervendría.
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En la sesión ordinaria número 113, el pleno del CJ con el voto unánime de sus integrantes no solo aceptó la renuncia de Gaibor, sino que también aprobó que se inicien las acciones disciplinarias correspondientes.
A los cuatro meses de ese hecho, el 21 de abril pasado, con tres votos a favor el pleno de la Judicatura dispuso el inicio de un sumario disciplinario en contra de Henry Gaibor al presuntamente haber incurrido en el cometimiento de infracciones disciplinarias gravísimas sancionadas con destitución.
El informe del área técnica por el que votaron los vocales de la Judicatura Alfredo Cuadros y Fabián Fabara y el presidente encargado del CJ, Damián Larco, señala que los hechos analizados permiten advertir la presunta configuración de infracciones disciplinarias gravísimas previstas en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), particularmente aquellas contempladas en los numerales uno y once que se sancionan con destitución.
Bajo esta norma se sanciona al servidor judicial que vulnere, a pretexto de ejercer facultades de supervisión, la independencia interna de otros servidores de la Función Judicial, así como a quien solicita o reciba favores o servicios que, por sus características, pongan en tela de juicio la imparcialidad al servidor judicial en el ejercicio de sus funciones.
“Ello, en razón de que la transmisión de mensajes relacionadas con la atención que debía prestarse la defensa dentro de un proceso penal determinado, proveniente de terceros ajenos al proceso, podría constituir una actuación susceptible de afectar la independencia del juzgador y comprometer la apariencia de imparcialidad que debe caracterizar a la administración de justicia. Por las razones expuestas y considerando que de los elementos de convicción recabados durante la fase investigativa permiten advertir indicios razonables respecto de una presunta inobservancia de la normativa legal vigente y aplicable”, definió el informe del área técnica.
Los hallazgos de la investigación administrativa:
En el informe entregado al pleno se incluye el contenido de algunas de las grabaciones que se hicieron públicas. Por ejemplo, la grabación en la cual Gaibor le manifestó a Serrano que el caso Euro 2024 es un “caso muy particular” y le pidió al juez que “solamente le ponga un poco de atención al tema, nada más...”.
Además, el informe del área técnica del CJ recogió que se habría mencionado que en redes sociales existen otros audios en los que se escucha a una mujer, quien aparentemente era delegada por Henry Gaibor, la cual le llamó al juez Carlos Serrano para decirle que “el director tiene que volver a conversar con él”.
Más allá de estos antecedentes, el área técnica del CJ encargada de la causa en el ámbito administrativo-disciplinario realizó una investigación en la que habría existido una revisión integral, sistemática y detallada de los informes, documentos y soporte digital recabados, de los que se habría evidenciado que Henry Gaibor, en su calidad de director provincial de Pichincha del CJ, habría mantenido contacto y transmitido mensajes al juez anticorrupción Carlos Serrano, en relación con un proceso penal específico por presunto lavado de activos vinculado contra una organización delictiva internacional.
“De los registros audiovisuales difundidos por medio de comunicación, se evidencia una conversación atribuida a las referidas personas, en la cual el entonces director provincial (Gaibor) habría transmitido al juez (Serrano) un mensaje relacionado con la necesidad de “poner atención” a la defensa planteada dentro de un caso penal determinado. Señalando incluso que dicho mensaje le habría sido solicitado por terceros, circunstancia que, conforme al contenido del material audiovisual analizado, podría interpretarse como una forma de comunicación indirecta orientada a incidir en la valoración o tratamiento de la defensa dentro del proceso penal”, anotó el informe acogido por el pleno del CJ.
También el área técnica establece que en su investigación incorporó publicaciones periodísticas y de opinión en las que se hace referencia a la existencia de presuntas gestiones o acercamientos realizados por un alto funcionario del CJ hacia el juzgador, con el propósito de transmitir un mensaje respecto de la atención que debía prestarse a la defensa de un ciudadano extranjero investigado por delito de lavado de activos.
Se asegura que estas referencias fueron posteriormente ratificadas por el propio juez Carlos Serrano mediante una comunicación remitida a través de correo electrónico institucional, en la cual habría manifestado expresamente que “el alto funcionario del CJ” al que se hacía referencia en el artículo de opinión correspondía a Henry Gaibor, exdirector provincial de Pichincha de la Judicatura, quien, dijo Serrano, “habría ejercido influencia prevaliéndose de las facultades de su cargo con la finalidad de obtener una determinada decisión judicial”.
Adicionalmente, se explica en el informe, en el marco de las diligencias investigativas dentro del expediente administrativo, las cuales estaban orientadas a verificar objetivamente los hechos que motivaron la investigación, se dispuso la revisión de los registros audiovisuales de las cámaras de seguridad del despacho de la Dirección Provincial de Pichincha del CJ en el ámbito administrativo. El objetivo era determinar si Gaibor mantuvo reuniones con el juez Serrano en las fechas señaladas.
Este requerimiento habría tenido resultados, ya que se remitieron a la Subdirección de Control Disciplinario del CJ los registros de video correspondientes a fechas y horas específicas, los cuales fueron incorporados al expediente investigativo con el objeto de analizar las circunstancias en las cuales se habrían producido posibles encuentros entre las referidas autoridades.
“Estos elementos de convicción permiten contextualizar los hechos que han sido objeto de conocimiento público y que dieron origen a la presente investigación disciplinaria. Bajo este contexto, los elementos de convicción recabados permiten advertir de manera preliminar la presunta existencia de acciones por parte de Henry Gaibor que podrían resultar incompatibles con los principios que rigen la independencia de la función jurisdiccional”, concluye el informe que recomendó el inicio de un sumario disciplinario contra Henry Gaibor. (I)
