La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, fue convocada por la Fiscalía General del Estado para rendir su versión libre y voluntaria dentro del denominado caso Caja Chica, una investigación que indaga presuntos aportes irregulares a la campaña electoral de 2023.
La diligencia está prevista para el miércoles 8 de abril de 2026, a las 15:00, en las instalaciones de la entidad.
La citación trascendió horas después de que la funcionaria anunciara que no buscará la reelección y que dejará el cargo, el próximo 14 de mayo, por motivos personales relacionados con la salud de sus familiares.
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¿De qué trata el caso?
La investigación, abierta a finales de enero de 2026, se centra en un presunto esquema de financiamiento ilícito vinculado al movimiento Revolución Ciudadana. La Fiscalía indaga el posible ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela para sostener actividades de campaña durante las elecciones anticipadas de 2023, en las que Daniel Noboa resultó electo frente a Luisa González.
Dentro de este proceso se investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía ha ejecutado varios allanamientos, incluidos operativos en la sede de la organización política en Quito y en domicilios de figuras vinculadas al correísmo, entre ellas Luisa González, el exgerente de Tame y actual asambleísta Patricio Chávez y la exsuperintendenta Suad Manssur.
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También figuran como investigados el expresidente Rafael Correa, el excandidato Andrés Arauz, entre otros exfuncionarios.
En los operativos se han incautado documentos, teléfonos celulares, pasaportes y dispositivos electrónicos que, según la Fiscalía, podrían aportar a la investigación.
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La hipótesis del presunto financiamiento irregular fue impulsada, entre otros elementos, por la versión del exasambleísta Santiago Díaz Asque, quien aseguró haber trasladado dinero desde Venezuela hacia Ecuador durante la campaña de 2023.
Sin embargo, los dirigentes del correísmo han rechazado estas acusaciones y sostienen que se trata de un caso de persecución política.
El delito de delincuencia organizada, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se configura cuando tres o más personas se organizan para cometer delitos con fines económicos. En casos vinculados a lavado de activos, la pena puede alcanzar hasta 30 años de prisión.
Por su parte, el lavado de activos contempla sanciones que van desde los 5 hasta los 22 años de cárcel, dependiendo del grado de participación.
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Hasta el momento, ninguno de los investigados ha sido detenido ni vinculado formalmente a un proceso penal. La causa se encuentra en fase de investigación previa, en la que la Fiscalía recopila elementos antes de decidir si formula cargos. La comparecencia de Aguiñaga formaría parte de las diligencias para esclarecer los hechos dentro de este caso.
(I)
