Que se les imponga la máxima pena para el delito de delincuencia organizada (9 años y tres meses); el pago de una multa de 20 salarios básicos unificados y que cancelen como reparación integral material una parte proporcional, de acuerdo con su participación en el delito, de los $ 8 millones dispuestos, es lo que solicitó, la tarde de este martes, la fiscal general Diana Salazar contra Pablo Cruz, Dany Calderón y Danilo Véliz, acusados de ser parte de una organización para beneficiarse ilícitamente de recursos del Estado destinados a la construcción del hospital de Pedernales.