Una instrucción fiscal cerrada, seis personas procesadas por aparentemente intervenir en la parte material del asesinato, un testimonio anticipado dado por un testigo protegido que afirma que conoció de los preparativos del crimen y una investigación previa abierta para descubrir a los autores intelectuales del delito. Ese es el resumen de los tres meses que han transcurrido desde que Fernando Villavicencio fue asesinado al estilo sicariato al final de un mitin político, parte de lo que era su candidatura a la Presidencia de la República.
Al momento se espera al 29 de noviembre próximo para que se realice en el Complejo Judicial Norte, en Quito, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio únicamente contra Laura C., Carlos A., Érick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch. y Óscar F. Los seis son los procesados que quedan en la causa, una vez que otros siete -seis colombianos y un ecuatoriano- fueron asesinados en los centros de privación de la libertad de Guayaquil y Quito, en donde cumplían sus órdenes de prisión preventiva.
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Caso Villavicencio: audiencia preparatoria de juicio contra sospechosos será a finales de noviembre
El crimen de Villavicencio, quien además de ser presidenciable de la alianza Construye-Gente Buena fue periodista y legislador de la cesada Asamblea Nacional, se produjo el 9 de agosto pasado, días antes de la primera vuelta electoral del 20 de agosto último. Él abandonaba un coliseo ubicado en el norte de Quito cuando varios sicarios dieron marcha a un plan para asesinarlo. Uno de ellos, de origen colombiano, disparó impactando por tres ocasiones en el cuerpo de su víctima. El disparo en la cabeza fue el fatal.
La fiscal de Pichincha a cargo de la causa cerró los 60 días de instrucción fiscal teniendo elementos de convicción suficientes que ubicarían a los trece sospechosos -los siete asesinados y los seis que continúan con vida- en algún nivel de participación en el acto material del asesinato. Pericias a llamadas y mensajes vía celular, cotejamientos balísticos, de voz, de ADN, huellas dactilares, explotación de videos, versiones e incluso el testimonio anticipado habrían servido para establecer las relaciones previas y posteriores que existieron entre los hoy procesados por el crimen.
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En esa medida, según la Fiscalía, se definió que del teléfono de Carlos A., vía llamadas y mensajes de WhatsApp, salió la orden para que el colombiano Jhojan Castillo (quien murió luego de disparar) ejecute el asesinato. El ahora procesado en esos momentos guardaba prisión en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga, y estaría relacionado con el grupo delictivo Los Lobos.
En cambio, los seguimientos policiales hechos a Laura C. o alias Laura la ubican como la líder de una “organización delictiva aliada a Los Lobos” en el sur de la capital, quien tenía la posibilidad de emitir “disposiciones para ejecutar actividades ilícitas, como distribución y expendio de sustancias ilícitas, robo, adquisición de armas de fuego, entre otros”.
Christian Zurita, amigo de Villavicencio y quien lo reemplazó en la papeleta presidencial luego de su asesinato, piensa que la investigación tiene grandes resultados desde el punto de vista material, por lo que cree que se conocería en la audiencia preparatoria de juicio a detalle las circunstancias y la forma en que se planificó el asesinato de su colega periodista. Lo que él ve complicado y lo califica de un “gran reto” para la Fiscalía es descubrir a los autores intelectuales.
Casi al cierre de la instrucción fiscal, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció que su país planteaba una recompensa de hasta $ 5 millones para quien aporte con datos que lleven a descubrir y permitan el arresto de los autores intelectuales del crimen del periodista de 59 años. Más adelante a la recompensa se le sumó $ 1 millón, existiendo un total de $ 6 millones para ser pagados por información que sea contundente.
La investigación previa que busca descubrir a los autores intelectuales del asesinato tiene como uno de sus fundamentos el testimonio anticipado entregado por una persona que, bajo juramento, narró detalles de los preparativos y montos ofrecidos por los supuestos autores intelectuales. Incluso, el 8 de octubre pasado dentro de una audiencia de testimonio anticipado, el testigo protegido señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen.
Otra vía por la que se estaría nutriendo de información este caso sería el plan de recompensas que dirigen la Policía Nacional y el Ministerio del Interior y fue presentado el 17 de octubre pasado.
A la semana de presentado el plan de recompensas, el cual cuenta con el apoyo financiero del Comando Sur de Estados Unidos, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó que de las 32 llamadas recibidas en el call center, a través de la línea gratuita 131, al menos 25 proporcionaron datos sobre el asesinato de Villavicencio; mientras que para la segunda semana la cifra se ubicaba en 31 llamadas y además se incorporaban 31 correos electrónicos que contendrían información que podría estar relacionada con el crimen.
El asambleísta electo del movimiento Construye Patricio Carrillo tiene confianza en que la estrategia de inteligencia que ha planteado Estados Unidos, de pagar por información, servirá para entregar elementos de convicción que determinen esta “alianza mafiosa” que estaría detrás de este crimen. “Esta es una alianza mafiosa entre actores criminales, políticos y empresariales ligados a mercados ilegales. Esa es la alianza real y verdadera, hacia allá vamos a caminar y en la Asamblea Nacional, el primer día, presentaremos la solicitud no solo para que se cree la comisión ocasional, sino para identificar todas estas distracciones que están detrás de este caso”.
La investigación previa para dar con los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio continúa en paralelo a la preparación para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los seis procesados por el delito de asesinato. En esta diligencia no solo debatirán sobre la existencia de nulidades que afecten el proceso, sino también se escuchará el dictamen acusatorio de la Fiscalía, el pedido de que sean llamados todos a juicio y el anuncio del material con el que se probará la acusación en un eventual juzgamiento.
La posesión de la nueva Asamblea Nacional, el 17 de noviembre próximo, y del electo presidente de la República, Daniel Noboa, a finales de este noviembre, abre la puerta a que puedan crearse comisiones ocasionales para investigar desde el ojo político el caso o sumarse apoyos de otros países para la investigación.
Según Sofía Sánchez, electa legisladora de la alianza que cobijó a Fernando Villavicencio, ubicar a los autores intelectuales del asesinato es uno de los objetivos fundamentales que mantiene la bancada Construye-Gente Buena en la nueva Asamblea Nacional. Aseguró que inmediatamente de que sean posesionados en sus cargos solicitarán la creación de una comisión ocasional para que se investigue con profundidad el caso.
“(...) Se tiene a los autores materiales, pero lo que busca el país, la familia y esta bancada son los autores intelectuales, quienes querían hace muchos años silenciar la voz de Fernando Villavicencio. No olvidamos lo que sucedió en la Asamblea Nacional. Más de 18 denuncias para callar su voz en el pleno. (...) En la bancada no se buscan protagonismos políticos, sino verdad”, sostuvo Sánchez.
Aunque no se ha profundizado en la idea, el electo presidente Daniel Noboa, durante campaña, lanzó una propuesta relacionada con la investigación de los responsables en todo nivel dentro del caso Villavicencio. Dijo que solicitará “urgentemente asistencia internacional especializada” para encontrar a los autores intelectuales y materiales que cometieron el asesinato el 9 de agosto pasado. “¡Ecuador no seguirá siendo un país de impunidad!”, aseguró.
