Cada vez que culmina un proceso de comicios surgen propuestas para modificar la legislación en esa materia con base en las experiencias vividas, tales como la proliferación de partidos y movimientos políticos, o el abuso de recursos jurídicos electorales para impugnar candidaturas o resultados numéricos, así como para interponer denuncias de fraude, y hasta las sanciones para consejeros o jueces electorales.