La mayoría de votantes aprobaron en la consulta popular y referéndum del 21 de abril permitir la extradición de ecuatorianos que han cometido delitos en otros países y sean requeridos por esas naciones. Para que la decisión de las urnas tenga efecto, se debe reformar el artículo 79 de la Constitución, que actualmente prohíbe la extradición de connacionales y dispone que su juzgamiento se sujete a las leyes de Ecuador.