Los asambleístas integrantes de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana no se convencieron con la explicación del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, sobre las inversiones realizadas con los primeros $ 1.800 millones de un total de $ 4.000 millones del préstamo total realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), para los próximos cuatro años.
El pleno de la Asamblea Nacional, el pasado 28 de mayo, encargó a la comisión presidida por el legislador Patricio Chávez (RC) que inicie un proceso de fiscalización respecto del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el Estado ecuatoriano y que, en un plazo de 30 días, remita al pleno un informe motivado y detallado. Ese plazo vence el 28 de junio próximo.
El ministro Vega, en su comparencia, señaló que a la economía del país ingresaron $ 1.800 millones y que se repagó a la CAF un total de $ 800 millones, que es un plan coordinado entre los organismos multilaterales donde la CAF, con base en el acuerdo a nivel técnico con el FMI, anticipó $ 800 millones por un mes y luego se da el desembolso de $ 1.000 millones.
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En matemáticas simples, dijo el funcionario, lo que queda dentro de la economía son $ 1.000 millones y no $ 200 millones como afirman los legisladores. Los $ 1.000 millones “han permitido que estemos al día con los Gobiernos autónomos descentralizados, con los proveedores del Estado, por eso se ha dado una reducción grande en nivel de atrasos que se tiene con proveedores del sector público y con la seguridad”, subrayó.
Durante la exposición del ministro de Economía y Finanzas, los asambleístas cuestionaron al funcionario porque no detalló las inversiones que realizaría el Gobierno una vez que reciba el desembolso del FMI, y la discusión se centró respecto al destino de unos $ 200 millones que quedarían luego de pagar $ 800 millones a los multilaterales de crédito, lo cual causó confusión en la sala.
El asambleísta Chávez aseguró que las respuestas del funcionario fueron muy genéricas y se pretende confundir a la ciudadanía diciendo que será destinado a inversión social, cuando se conoce que unos $ 800 millones salieron para pagar un préstamo previo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que fue un préstamo temporal de un mes para salvar los momentos de déficit de crisis que tiene el Gobierno.
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Chávez aseguró que es claro que el préstamo del FMI está dirigido a solucionar la situación política del actual Gobierno y no dirigida a solucionar los problemas reales que tiene el país, y es por eso que resulta difícil ser claros y concisos en la explicación sobre el uso de los recursos.
El presidente de la mesa no descartó solicitar dos semanas más de prórroga para presentar el informe porque “las autoridades no colaboran con la información”, pues lo único que se busca es conocer cuál fue el motivo y hacia dónde se destinarán los recursos del préstamo con el Fondo Monetario.
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La legisladora Esperanza Moreta (PSC) aseguró que la deuda que se adquirió con el FMI no va a los sectores que se necesitan como salud, educación y vías, por lo tanto, dijo que el ministro de Economía no pudo solventar las dudas que persisten entre los asambleístas.
Lucía Posso del movimiento Avanza indicó que en la exposición del ministro Vega hubo muchas imprecisiones y no terminó de presentar toda la información, lo cual genera una inconformidad entre los miembros de la mesa legislativa. Si bien las deudas se deben honrar, también se debe revisar el costo que eso significa.
“Lo que queremos entender y saber es cómo se van a invertir estos recursos, de qué manera van a significar un aporte a todos los ecuatorianos en momentos de crisis”, subrayó Posso, quien insistió en que al momento no se conoce el destino que tuvieron los primeros $ 1.000 millones.
El legislador Jorge Chamba del movimiento Construye también sostuvo que en la comparecencia del ministro Juan Carlos Vega quedan múltiples preguntas no contestadas y, por lo tanto, muchas dudas.
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Chamba cuestionó que el Gobierno no haya priorizado lo humano y por el contrario haya destinado gran parte de los recursos al pago de deuda, pero sin poder reactivar la economía de los sectores populares. (I)
