La exjueza anticorrupción Gabriela L. T., procesada por presunto enriquecimiento ilícito, enfrenta una orden de prisión preventiva tras el pedido realizado por la Fiscalía General del Estado y aceptado por el juez de la causa.
La etapa de instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días y durante ese periodo se recabarán elementos para sustentar el proceso penal, pues —según la Fiscalía— existen indicios de un incremento injustificado en el patrimonio de la exfuncionaria mientras ejercía el cargo de jueza.
Al dictarse la orden de prisión preventiva, el juez a cargo del caso dispuso la retención de valores por $ 56.760 y la prohibición de enajenar dos bienes inmuebles y un vehículo, así como la inmovilización y el congelamiento de tres cuentas bancarias de la procesada.
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La investigación se deriva del caso denominado Fachada, en el que se examinan presuntas irregularidades y actos de corrupción en la Función Judicial. Además, surgió tras la destitución de la jueza por parte del Consejo de la Judicatura, por considerar que su conducta comprometió la integridad de la Unidad Judicial Anticorrupción.
Se investigan posibles vínculos con estructuras delictivas y se presume que la exjueza anticorrupción habría recibido beneficios económicos a cambio de favorecer a procesados, entre ellos personas relacionadas con el grupo criminal Comandos de la Frontera, que buscaban su liberación mediante decisiones judiciales.
El pasado 4 de marzo se inició este proceso cuando la Fiscalía presentó los elementos de convicción durante la audiencia de formulación de cargo.
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