La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 77 votos la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que establece nuevas reglas para el uso de los recursos de los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD), con el objetivo de priorizar la inversión en obras y servicios básicos.
La reforma, enviada por el Ejecutivo y calificada como urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa Azín, busca corregir el crecimiento del gasto corriente —especialmente en burocracia— y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en beneficios directos para la ciudadanía.
“Se ha aprobado un proyecto de ley que hace justicia con los recursos públicos de la gente. Ahora, lo que corresponde es fiscalizar que, en efecto, la plata se invierta en agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento de basura y desechos sólidos, para que así se atiendan las prioridades y las necesidades urgentes del pueblo ecuatoriano”, dijo Valentina Centeno, ponente del proyecto.
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La coordinadora de la bancada oficialista anticipó que defenderán este proyecto de ley aprobado ante posibles demandas de inconstitucionalidad que se presenten en la Corte Constitucional.
La principal disposición: 70 % para inversión
La nueva ley establece que al menos el 70 % del presupuesto de los GAD deberá destinarse obligatoriamente a gasto no permanente, es decir, a inversión y mantenimiento de obras. Entre los rubros priorizados están:
- Agua potable y saneamiento
- Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
- Vialidad urbana
- Infraestructura básica y servicios esenciales
El objetivo es asegurar que los fondos públicos se concentren en cerrar brechas de servicios y no en el sostenimiento de estructuras administrativas.
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Control del gasto corriente
La normativa limita el crecimiento del gasto corriente de los gobiernos locales, especialmente el relacionado con sueldos y funcionamiento administrativo, que en los últimos años ha desplazado la inversión en obra pública.
Según el informe legislativo, en promedio menos del 40 % del presupuesto de los GAD se ha destinado a inversión, lo que motivó la reforma para corregir esa tendencia.
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El texto aprobado aclara que la ley no elimina la autonomía política, administrativa ni financiera de los GAD, sino que fija reglas generales de disciplina fiscal para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el uso eficiente de los recursos transferidos desde el Estado central.
La reforma se enmarca en el principio de corresponsabilidad entre el Gobierno central y los gobiernos locales, especialmente en un contexto de restricciones fiscales.
Al tratarse de una ley urgente en materia económica, las disposiciones entran en vigencia una vez publicada en el Registro Oficial, y los GAD deberán ajustar sus presupuestos para cumplir con la asignación mínima del 70 % a inversión.
La Asamblea sostiene que la reforma apunta a que cada dólar transferido a los gobiernos locales se refleje en obras concretas para la ciudadanía y no en mayor gasto burocrático. (I)
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