“El presente caso retrata el mecanismo mediante el cual la institución encargada de la selección de las primeras autoridades del Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), fue cooptada por personas afines a un partido político en donde su principal objetivo era captar tanto espacios de poder como fuera posible convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan de una fachada”.
Con esa sentencia, el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, arrancó la exposición de la relación circunstanciada de los hechos o, lo que es lo mismo, la narración detallada, cronológica y precisa de los hechos que se han analizado penalmente.
La mañana de este miércoles, 18 de marzo, la Fiscalía arrancó con la presentación de su dictamen acusatorio contra los exintegrantes del CPCCS y parte de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; la aún integrante del Consejo de Participación Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz; Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022; y la exasambleísta de la RC Esther Cuesta.
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A decir del fiscal Alarcón, el pilar fundamental que sostiene al Ecuador como un Estado de derecho y justicia es la división de funciones, cuyos pesos y contrapesos permiten vivir en una civilización y democracia. Explica que el CPCCS, como cuarto poder del Estado, fue concebido bajo el ideario de fungir como ente de selección de las máximas autoridades del país, libre de influencias e intereses políticos, en donde su adecuado funcionamiento garantizaría que las instituciones del Estado funcionen de forma independiente y así fortalecer el Estado de derecho.
“No obstante, estos cimientos de nuestro país, lejos de funcionar como dicho ideario, han sido presa de los más oscuros intereses de los poderes políticos, en donde cada vez y cuando nacen intentos de controlar esta institución (CPCCS) para a través de la misma lograr acumulación de poder”, anotó.
La trama de Liga2 giraría en torno a tres eventos con irregularidades: el primero, conductas ilícitas en el escenario de la justicia electoral; el segundo, relacionado con la designación de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ); y el tercero, atado a la designación del titular de la Superintendencia de Bancos.
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Alarcón recordó que a raíz del allanamiento realizado el 24 de enero de 2025 en las instalaciones del CPCCS se incautaron los dispositivos de telefonía celular de propiedad del hoy exconsejero Augusto Verduga. Según la Fiscalía, la información encontrada en esos dispositivos reveló la planificación y estrategias delictivas puestas en marcha para hacerse del control de parte de la institucionalidad del Estado ecuatoriano.
“Mediante la asociación de varios consejeros de Participación Ciudadana, quienes lejos de cumplir su rol constitucional como autoridades electas por el pueblo ecuatoriano, se dedicaron a proyectar un control del Estado por medio de varios tráficos de influencias, ofertas de tráfico de influencias e incumplimientos de decisiones legítimas de autoridad competente”, sostuvo Alarcón.
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El fiscal general encargado manifestó que en los hechos que se acusan en el caso Liga2 existen conductas propias de una asociación ilícita al convenir una pluralidad de personas con finalidades claramente delictivas, destinadas a controlar ciertos espacios de poder del Estado, llegando a ser juez y parte dentro de los procesos de selección de autoridades que el CPCCS tenía la obligación de emprender con honestidad e imparcialidad.
Destacó el fiscal general encargado que dentro de los tres eventos expuestos se puede apreciar claramente cómo el procesado Andrés Arauz era quien se encontraba a cargo de toda la gestión del CPCCS, siendo quien transmitía las directrices y coordinaba la comisión de varios delitos con penas menores a cinco años. “Esto denota claramente su intención y la de su grupo de actuar contra la Constitución y la ley”, dijo.
Alarcón continuaba exponiendo los elementos de convicción que mantiene para acusar a los siete procesados como autores directos del delito de asociación ilícita.
Debido al pedido del titular de la Fiscalía, la jornada de audiencia de este miércoles, 18 de marzo, únicamente se extenderá hasta las 14:00. Alarcón hizo el pedido debido a que dijo que tenía actividades propias de su cargo y no existía quien lo reemplace en ellas.
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Para que la Fiscalía continúe fundamentando su dictamen acusatorio, la jueza Camacho convocó a los sujetos procesales para las 09:00 de este jueves, 19 de marzo. (I)
