En el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se refiere al destino de las armas, explosivos, municiones o accesorios que hayan sido incautadas en operativos delincuenciales se plantea que sea el Consejo de la Judicatura (CJ) el organismo que emita una reglamentación para ejecutar su traspaso a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, tal como lo ordenó el pueblo en la consulta popular del 21 de abril.