En medio de protestas la Asamblea tramita el proyecto que garantiza el aborto en caso de violación

Plantones, oraciones, carteles, banderas, pañuelos verdes y celestes fueron la antesala del primer debate del proyecto de ley que garantiza la interrupción del embarazo en caso de violación.

Hasta la legislatura llegaron este 9 de diciembre sectores a favor y en contra de este proyecto, que fue elaborado por la Defensoría del Pueblo por mandato de la Corte Constitucional cuando en abril de este año determinó que es inconstitucional el numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que penalizaba el aborto por violación, porque solo se permitía la interrupción del embarazo en caso de mujeres con discapacidad mental víctimas de ese delito.

La legislatura instaló la sesión 749 antes del mediodía y antes de la lectura del informe recibió a representantes de 22 organizaciones y colectivos sociales involucrados con el tema. Paralelamente, estos grupos empezaron conversaciones con los legisladores en busca de adhesiones a su causa.

Un poco antes, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que instó a la Asamblea a cumplir el mandato de la Corte. Y le recordó que la sentencia de ese organismo tiene parámetros mínimos que debe cumplir, entre ellos que no hace falta que exista una denuncia del delito de violación para poder interrumpir un embarazo causado por este; tomar en cuenta parámetros de organismos internacionales de derechos humanos; y fijar los límites objetivos y técnicos dentro de los cuales puede ser efectuada legalmente la interrupción del embarazo.

Asamblea Nacional abre el debate de la ley que garantiza el aborto de violación

En el pleno, José Ignacio Gómez, vocero de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción Pro-Cultura Occidental, presentó 110.000 firmas en rechazo a la despenalización del aborto en caso de violación, y cuestionó que en el informe del proyecto se deje abierta la posibilidad del aborto por violación hasta el noveno mes de embarazo.

Cristina Cachaguay, presidenta de mujeres por el cambio, pidió la aprobación de la ley donde se garantice el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a acceder al derecho de interrumpir el embarazo en caso de violación en los servicios del sistema de salud y recibir atención postaborto.

Respecto a los tiempos y plazos que se debe considerar para la interrupción del embarazo por violación, es un tema que debe ser abordado de manera científica y realista de acuerdo con realidades del Ecuador, pero insistió en que no debe haber un límite de tiempo y que los requisitos para alcanzar este derecho deben ser mínimos, y que la objeción de conciencia no puede ser un obstáculo para acceder al derecho.

Comentó que según las cifras de las autoridades de salud, en el país ocho de cada diez mujeres adolescentes embarazadas son producto de violencia sexual; que en el año 2020, tres mil niñas resultaron embarazadas a causa de la violencia sexual.

Roxana Arroyo, consultora de ONU Mujeres, se refirió a los estándares internacionales en el caso de despenalización del aborto por violación y comentó que hay una equivocación profunda cuando se dice que los sistemas internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas no contemplan esta situación.

Dijo que el Estado tiene la responsabilidad de proteger la salud reproductiva y los derechos reproductivos de las mujeres; y toda manipulación de control de la mujer de su propio cuerpo y de la reproducción, así como las leyes que penalicen el aborto, van en contra de la obligación.

Fray Julián Cruzalta, catedrático de la Unesco, dijo que defender la vida es defender los derechos, la vida son rostros, miradas, personas. “Ustedes deben legislar mirando los rostros. Los derechos humanos tienen que garantizar que las mujeres desde ellas mismas puedan decidir con libertad de conciencia, no garantizar esa libertad a las mujeres es violencia”.

Ana Lucía Martínez, como médica, declara su objeción de conciencia frente a la violencia sexual, mujeres embarazadas de forma forzada, quienes siendo niñas, adolescentes o mujeres en situación de vulnerabilidad deben parir de sus violadores.

María Dolores Miño, especialista en derechos humanos, comentó que es necesaria la aprobación de la ley, y recordó que a la legislatura le corresponde establecer el marco regulatorio sobre el cual el derecho a la interrupción del aborto por violación se ejercerá, tomando en cuenta que la Corte Constitucional despenalizó el aborto solo en casos de violación.

Indicó que no se trata de abordar el tema desde una perspectiva de la patologización, que no se está hablando de una enfermedad, sino del hecho que en el país 2.700 niñas menores de catorce años son víctimas de violación a sus derechos humanos y que el Estado les debe reparar integralmente.

En la tarde, hasta las 17:00, el pleno de la legislatura continuaba la lectura del informe aprobado por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

Los temas más polémicos dentro del proyecto eran el tiempo en que se debe permitir el aborto y los parámetros para ejercer el derecho a la objeción de conciencia. (I)