En doce “justicias” está organizado el plan de gobierno presentado por la aspirante presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, Luisa González, al momento de inscribir su candidatura en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Una más que aquellas que presentó su ahora compañero de fórmula, Andrés Arauz, en los comicios generales del 2021.
Estas doce “justicias” son: justicia para la vida buena; para la paz, la seguridad y el orden; económica con igualdad de oportunidades; contra la corrupción; democrática, participativa y deliberativa; para las mujeres y niñas; decolonial, plurinacional e intercultural; ecológica y transición energética; digital y nueva economía de la información; internacional, soberanía e integración; cognitiva; y entre generaciones. A su vez, estas se desglosan en 459 puntos, aunque en algunos se repiten ideas.
En el documento, de 69 páginas, se plantea rescatar o reactivar proyectos del gobierno de Rafael Correa, como las unidades educativas del milenio, las universidades emblemáticas del país, el programa de becas en el exterior o el denominado Prometeo, para traer científicos del extranjero; y la integración regional en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), organismos impulsados por los gobiernos “progresistas”.
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En lo económico, habla de “recuperar y profundizar los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía que proteja la dolarización”; “impulsar la transición hacia una economía pospetrolera: estimular la producción no petrolera con énfasis en sectores de valor agregado, procurando en ese proceso un incremento relativo de la participación de la manufactura y de las industrias con alta incorporación de conocimiento y tecnología frente a la producción total”; “revisar las políticas de subsidios con criterios de estrategia y justicia redistributiva (considerar que la focalización se centrará en sectores como la agricultura y el transporte)”, y “realizar una auditoría integral de la deuda pública prepagada durante la pandemia”.
En seguridad, González ofrece reestructurar los ministerios del Interior y de Gobierno y depurar los elementos de las fuerzas de seguridad; retomar el control estatal sobre el sistema de rehabilitación social y reafirmar el monopolio del Estado sobre las armas; y fortalecer el sistema integrado de seguridad ECU911. También desarrollar estrategias de inteligencia y tecnología; reducir la impunidad, garantizando que los delincuentes sean llevados ante la justicia y que se apliquen sanciones proporcionales y disuasorias a sus acciones; y constituir una agencia especial para combatir los ciberdelitos.
En lo social, asimismo, propone -entre otras cosas- reformar a profundidad el Seguro Social en favor de las personas afiliadas: cumplir con el aporte estatal; transparentar los cálculos actuariales y hacer correctivos; modernizar la gestión para lograr servicios oportunos y de calidad; además de mejorar la cuantía y dignificar las prestaciones; controlar a las empresas que utilizan plataformas digitales para asegurar que respetan los derechos laborales; crear un ministerio de Desarrollo Infantil Integral y declarar la emergencia de la niñez; aumentar el presupuesto para la salud y la educación; desarrollar planes de vivienda y programas de garantía de alquileres sociales asequibles; implementar un plan de lucha contra las violencias y discriminación; y crear observatorios contra las violencias de todo tipo.
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En lo político dice que impulsará un proceso “reconstituyente” para reinstitucionalizar el país “luego del fraude del referéndum inconstitucional de Lenín Moreno y las arbitrariedades del ‘trujillato’”.
E insiste en la creación de una comisión de la verdad “con parámetros internacionales para evaluar y hacer justicia frente a la violación de la Constitución y los derechos humanos”, algo que ya se propuso en el 2021 y que es uno de los principales anhelos del correísmo para lograr la revisión de las sentencias por corrupción de sus líderes, los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas.
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Respecto a la lucha contra la corrupción, la candidata explica que se debe “mejorar la legislación existente, cerrar lagunas legales y fortalecer los sistemas de rendición de cuentas”; asimismo, transparentar el financiamiento de los partidos políticos y los procesos de contratación pública; incautar y confiscar activos ilícitos, y establecer sistemas de protección para testigos y denunciantes.
En el texto, el binomio aclara que “por la naturaleza extraordinaria de las elecciones generales producto de la disolución de la Asamblea Nacional y la reducción del periodo presidencial, algunas de las propuestas detalladas quedarán planificadas, pero no todas ejecutadas”. (I)
