En el Ministerio del Trabajo aún no se registra impedimento para ejercer cargos públicos para Mario Godoy

En el Ministerio del Trabajo todavía no se registra el impedimento para ejercer cargos públicos por dos años para el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Mario Godoy.Con 148 votos, el exfuncionario fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional dentro de un juicio político en su contra, el pasado 18 de febrero, por “manifiesta inoperancia” al no dar suficiente seguridad a jueces presuntamente amenazados por el crimen organizado.La consecuencia de dicha sanción es la prohibición de ejercer cargos públicos por dos años, según indica la Ley Orgánica de la Función Legislativa.“El Ministerio del Trabajo, informa que el (la) señor(a)(ita) Godoy Naranjo Mario Fabricio con cédula de ciudadanía XXXXXXX028, no consta registrado(a) con impedimento legal para ejercer cargo, puesto, función, dignidad en el sector público”, señala un certificado al que tuvo acceso EL UNIVERSO, con fecha 21 de febrero de 2026. Godoy presentó su renuncia al cargo horas antes de su interpelación política, pero como los órganos que lo mocionaron y eligieron no notificaron de ello a la Asamblea se lo destituyó. En su reemplazo está Damián Larco . La Judicatura ya notificó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que “active” el proceso de selección del nuevo integrante del CJ.Corresponde que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) presente una terna de la cual saldrá su representante.A la par, el CPCCS avanza en la selección del alterno de quien sea electo presidente del CJ, una vez que Alexandra Villacís fue removida del cargo al presentar inhabilidades.En la terna enviada por la CNJ para esa dignidad están Mercedes Caicedo, Óscar Chamorro y María Morejón. En tanto que, entre sus primeras acciones como presidente encargado, Larco solicitó a los directores y subdirectores nacionales y directores provinciales poner a disposición el cargo de libre nombramiento y remoción que actualmente desempeñan “con el fin de consolidar una estructura organizacional alineada a los objetivos estratégicos institucionales”.“Esta medida administrativa está orientada a encaminar las necesidades institucionales y los desafíos actuales que enfrenta la Función Judicial, dentro del marco de compromiso con el país”, se indicó en un comunicado de prensa. (I)

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