Esto dice la denuncia por presunta violencia política que hace Verónica Abad contra Daniel Noboa, Gabriela Sommerfeld, Esteban Torres y Diana Jácome

La vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, presentó una denuncia por violencia política en contra del presidente de la República, Daniel Noboa Azín; la canciller, Gabriela Sommerfeld Rosero, el viceministro del Ministerio de Gobierno, Esteban Torres Cobo; y, la asesora de Noboa, Diana Jácome Silva.La denuncia la presentó en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), pero aún no se ha sorteado el juez que sustanciará el reclamo de la segunda mandataria, quien fue enviada a Israel desde finales del 2023 como embajadora y ahora está en Turquía debido a las tensiones políticas en el Medio Oriente.Verónica Abad acusa al jefe de Estado de haber «mermado su participación como mujer en las decisiones políticas del Estado».Ha «intentado extraerme totalmente de la vida pública del país, casi al punto de llegar a desaparecer la figura política e institucional de la Vicepresidencia de la República, mostrando que en el Estado solo existe una figura representativa y que esta es manejada por un hombre. Que la toma de decisiones solo pasa por él y que la garantía constitucional de una democracia representativa ha sido totalmente vulnerada, pues la emisión del decreto ejecutivo (en el que le asigna la función de embajadora) ha sido utilizada como una “herramienta” jurídica para impedir la representación equitativa de las mujeres en el Gobierno».«Aceptar la candidatura a la Vicepresidencia de la República, y haber ganado la elección, ha sido una condena para mí, en mi condición de mujer, en mi condición de madre y en mi condición de política, puesto que he sido prácticamente desterrada a otro país, en medio de una guerra, me han retirado la seguridad que merezco y merece mi familia por el cargo que ocupo, poniendo así en riesgo mi vida, mi integridad y la de mi familia, pero no contentos con esto, desde el Gobierno y sus funcionarios se inicia una feroz campaña de desprestigio».Para ello, Abad recoge entrevistas a la canciller Gabriela Sommerfeld, en las que mencionó que no es «agradecida» con Noboa por haberla enviado de embajadora. De Torres, quien habría mencionado que sería «nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y acciones del presidente asuma el poder, porque lo primero que hará en el primer día es revertir las victorias que el Gobierno ha tenido».Asegura Abad que en su condición de vicepresidenta no ha podido ejercer sus derechos ni garantizar la seguridad y la tranquilidad de su familia. «He sido víctima de una persecución contra mi familia, en donde se ha usado a mi hijo como carnada, sin garantizar el principio de inocencia que en toda sociedad democrática y justa debe primar».He enfrentado violencia de otras mujeres «que se han atrevido a cuestionar mi condición de madre. Vale la pena también cuestionarse el papel que esta narrativa construida desde el Gobierno y que ha sido replicada a través de sus cajas de resonancia afectan no solo mi condición de vicepresidenta, de política y de mujer, sino que han pretendido poner en duda mi maternidad».Esto en referencia a una entrevista de Diana Jácome en otro medio de comunicación, en el que la cuestionó de esta forma, recoge la denuncia de Abad: «(...) Si asume el cargo de presidenta (…) hay muchos grupos políticos que están apoyándola (…), sabemos que hay reuniones y acuerdos entre ellos, y eso no lo vamos a permitir (…), tenemos identificados los respaldos y apoyos que tendría esa funcionaria (…), estás pensando en beneficio propio y en venganza (…), miren ustedes, ustedes son padres algunos, si tu hijo está preso tú te regresas o prefieres mantenerte porque quieres el poder, lo dejo ahí para ustedes y para la audiencia».Entre otros hechos documentales, la vicepresidenta refiere la consulta que hizo Noboa a la Procuraduría General del Estado , para evitar encargarle el poder cuando se ausente del cargo para hacer campaña por su candidatura a la Presidencia de la República en las elecciones nacionales de febrero del 2025.Su pedido a los jueces electorales es que se sancione a Noboa, Sommerfeld, Torres y Jácome, por incurrir en una infracción electoral muy grave contemplada en el artículo 270 del Código de la Democracia, por violencia política, y los obligue a pagar una multa de 70 salarios y la suspensión de derechos de participación por cuatro años.Como causales apunta: Amenaza o intimidación en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias, y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan.Se realice cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos.Se divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda política electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género transmitan o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos.Que limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; que eviten por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones; que restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo al principio constitucional de igualdad y no discriminación; y, que impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo o posición o que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función política.Esta denuncia deberá ser sorteada a un juez del TCE para su trámite, en tanto Abad enfrenta también una denuncia por presunta campaña anticipada que la planteó el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Guarderas, cuando ella fue candidata a la Alcaldía de Cuenca.El consejero pide la destitución de la mandataria. (I)

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