El clima político tomará impulso una vez que los 13,7 millones de ecuatorianos sean convocados a las urnas para febrero del 2025, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) afrontará la iliquidez de recursos para organizarlos.
El Consejo Nacional Electoral dejó listo este miércoles, 11 de septiembre de 2024, la convocatoria para votar el 9 de febrero de 2025 por presidente y vicepresidente de la República, 151 asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, y cinco parlamentarios andinos.
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En una sesión en Quito, los cinco vocales: Elena Nájera Moreira, Enrique Pita García, Diana Atamaint Wamputsar, José Cabrera Zurita y Esthela Acero Lanchimba, aprobaron el texto que será divulgado este 12 de septiembre en los diarios de mayor circulación nacional y en cadena nacional de radio y televisión.
Con este llamado, Ecuador pasó a una fase electoral que activa a los 78 partidos y movimientos políticos nacionales y provinciales a promocionar a sus precandidatos para las diferentes dignidades.
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Cumplido este ‘hito’ del calendario, arranca un periodo de 20 días, desde este viernes 13 de septiembre, para que los representantes de las organizaciones políticas inscriban a sus cuadros escogidos por la militancia y afiliados en sus procesos de democracia interna.
El plazo para la inscripción se extiende hasta el 2 de octubre de 2024 a las 18:00. En adelante, se evacuarán recursos de objeción, impugnación y apelación a las candidaturas, de probarse que incumplen requisitos legales o están incursos en prohibiciones, que pueden llegar a resolverse hasta en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Superada esta etapa, se estima que el 30 de diciembre se conozca el listado oficial de candidatos que estarán en la papeleta electoral.
No obstante, estos preparativos se dan con la incertidumbre de si habrá o no los recursos para cubrir las contrataciones y pagos pendientes.
En febrero pasado, el pleno aprobó un presupuesto por $ 91′707.668 para preparar el sufragio, que estaría siendo asignado de a poco por el Gobierno nacional.
El consejero José Cabrera explicó que se requiere contratar personal de apoyo para las juntas provinciales electorales y del exterior, que empezará con la revisión de los documentos que presenten los precandidatos antes de su calificación, pero la crisis fiscal del país obstaculiza los procedimientos administrativos.
«Hemos hecho la solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas, necesitamos los funcionarios para que trabajen en las diferentes áreas, para que controlen publicidad electoral en vías, para que se haga el monitoreo de medios… Necesitamos personal. Sin embargo, el Ministerio de Economía ha ido entregando recursos para contratar de mes en mes, cuando lo que se requiere es personal para todo el proceso. Sabemos la situación del país, pero necesitamos recursos para tener los equipos completos, contratos iniciados, se requiere que empiece a ejecutarse el monitoreo de medios», comentó Cabrera este miércoles a periodistas.
De los $ 91 millones, para la contratación de personal sin relación de dependencia se estimó un valor por $ 33′022.375 y para pagar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, $ 10′035.881.
En la víspera, el Consejo ha comprometido $ 647.444 en contratos a través de régimen especial en materia de comunicación y logística.
Entre las preocupaciones de los sujetos políticos (partidos, movimientos y candidatos) está el de la seguridad gubernamental para sus recorridos.
Cabrera aclaró que la solicitud se podrá hacer una vez que las candidaturas estén en firme. Es decir, a finales de diciembre cuando se conozca la nómina oficial de aspirantes y empiece la campaña electoral el 5 de enero.
Sobre el tema, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior explicaron, tiempo atrás, que antes se hará un análisis del nivel de riesgo y que los dispositivos de seguridad se otorgarían a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y que deberían ser costeados por la institución solicitante, el CNE.
Sin embargo, no se dispondría del dinero y no se descarta que sean los candidatos los que cubran los gastos de logística de los miembros de la fuerza pública que les asignen para esas tareas.
Por su parte, en los dos últimos actos públicos que se han desarrollado en el organismo, la presidenta Diana Atamaint no ha dado declaraciones. (I)