El movimiento Democracia Sí, lista 20, es parte de otras tres organizaciones políticas que tropezaron en la inscripción de sus listas de precandidatos a la Asamblea Nacional para las elecciones generales de 2025. El Consejo Nacional Electoral (CNE) les negó su calificación al concluir que los perfiles propuestas no provinieron de procesos democráticos internos o elecciones primarias. En un primer momento, las dejó fuera de la contienda electoral. El director nacional de Democracia Sí, Gustavo Larrea Cabrera, precandidato a asambleísta nacional, adelantó que impugnará la resolución del CNE que negó la inscripción de su lista y, en última instancia, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), porque está seguro de que los argumentos para descalificarlos son erróneos.
¿Qué les pasó?
Publicidad
Esta decisión del CNE es errónea e injusta porque todo lo que nos piden es absolutamente subsanable. No hemos infringido ningún procedimiento. Cumplimos todos los requisitos. En las elecciones primarias cumplimos con la equidad de género, el 25 % de menores de 30 años, es decir, todo está cumplido. Hay alguna dificultad con una notaría que comete el error de poner una fecha inexacta, que se lo puede subsanar. Así de simple. Estos errores pueden ser subsanados por el propio Consejo. Las organizaciones políticas que hemos sido afectadas vamos a conversar para presentar un recurso en sede administrativa en contra de la resolución, más allá de que cada uno lo haga individualmente, para pedirle al Consejo que revise el error cometido. Si esto no sucede, iremos al Tribunal Contencioso Electoral.
¿Cuál es el problema que se identificó en el caso de la candidatura que no vino de primarias?
Publicidad
Una de las candidatas renunció a su postulación por problemas personales. Pero el mismo Código de la Democracia establece que se puede sustituir esa candidatura y así se lo hizo.
¿Se incorporaron, por ejemplo, la renuncia y el formulario de aceptación de la nueva candidata?
Desde luego que sí, por eso es que consideramos que es un error y, a través de ese error, se comete una injusticia. Vamos a pedirle al Consejo Nacional Electoral que lo corrija.
En medio del proceso electoral, ¿cómo lograron este acercamiento?
Hay un procedimiento legal que hay que cumplir y lo hemos cumplido. Cumplimos todos los requisitos, es absurdo que no nos permitan participar por errores que son absolutamente subsanables. Esto afecta a la democracia. Creemos y coincidimos con las fuerzas políticas afectadas de que esto perjudica a un proceso electoral libre, transparente y democrático. El pueblo es el que debe decidir quiénes son sus representantes y no un error jurídico que comete el CNE.
Si estos son errores ¿consideran que desde el Consejo se actúa deliberadamente para perjudicarlos?
Esperamos que sea un error y se corrija. Y, si fue deliberado, lo denunciaremos al país en su momento. Primero queremos establecer un mecanismo de diálogo con el CNE y de respuesta jurídica. Las organizaciones políticas cumplimos los requisitos y tenemos todo el derecho de participar en un proceso democrático. El pueblo decidirá por quién vota, desde luego, pero no se puede eliminar el derecho de participación porque una notaría comete un error o porque internamente cometen el error de no haber registrado una firma. Es decir, incluso suponiendo que fuese así, es también subsanable porque la persona puede ir y firmar y decir sí, yo quiero ser candidato. Es un hecho formal, porque además ha presentado toda la documentación y notarizado de que no tiene ninguna un bien en paraísos fiscales. No se puede con esta decisión eliminar los derechos que tenemos los ecuatorianos.
¿Qué problemas tuvieron con las declaraciones juramentadas?
Esto fue un tema de fuerza mayor. En un momento crítico, en donde el país está viviendo apagones, se implementa un sistema de inscripción en línea, telemático, cuando debía haber sido de manera presencial y directa o por lo menos las dos opciones. Las notarías, el último día de las inscripciones, no podían despachar porque el Consejo de la Judicatura no tenía energía eléctrica y suspendió la entrega de estos documentos. Pero eso es también subsanable, porque fue un problema de fuerza mayor.
Justamente llama la atención porque esperan el último momento para conseguir la documentación y luego responsabilizan al CNE.
Pero si es que hay un apagón y hay una persona que se demoró porque estuvo enferma, salió del país y regresó dos o tres días antes y no tenía el documento y se demoró en sacar… Es decir, no es excusa para eliminar el derecho a la participación política, porque eso es un formalismo. El país está entrabado en leyes, reglamentos y disposiciones que le tienen inmovilizado. Esto sucede en energía eléctrica, en el petróleo, sucede en la salud pública, en el seguro social, en la educación. El país necesita un cambio constitucional de fondo, de lo contrario no vamos a romper con estas trabas burocráticas que hacen que el país no fluya.
¿Cuándo van a impugnar y será en conjunto o cada una?
Nos notificaron aproximadamente a las 15:30 de este martes. Presentaremos el recurso mañana (jueves) y cada organización lo presentará. Pero sí hemos conversado porque a todos nos pasa lo mismo. No son problemas de fondo, sino de forma que pueden ser absolutamente subsanables. (I)